Editorial

Editorial: ::: PARA PONER ORDEN :::

Mediante oficio múltiple el Ministerio de Educación (MINEDU) ha ordenado la continuidad de los Directores Regionales de Educación, los Directores de las Unidades de Gestión Educativa Locales y los Directores de Gestión Pedagógica a nivel nacional hasta el 30 de setiembre del 2020, en una medida que responde al estado de emergencia nacional que estamos atravesando por efectos de la pandemia del covid 19.

Esto quiere decir que la Directora de la UGEL Santa, Lic. María Inés Valverde Cueva queda ratificada en el cargo y se mantendrá en el mismo probablemente hasta el 31 de diciembre de este año pues al ritmo que vamos difícilmente en setiembre las autoridades educativas se encuentren en condiciones de poder renovar los nombramientos en los diferentes cargos a nivel nacional.

Lo que no debemos perder de vista es que esta medida obedece a la caducidad de los cargos de las actuales autoridades a nivel nacional, pues debe recordarse que los directores a nivel nacional, sean regionales o de las ugeles, fueron nombradas por concurso público y su mandato ya fue ampliado por un año.

Recordemos que el ganador de aquel concurso fue el profesor Robert Iturria, empero, este fue removido por las causales que ya todos conocemos, consecuentemente, lo remplazó la profesora María Inés Valverde Cueva que, con esta nueva circular, se mantiene al frente se mantiene en el cargo, por lo menos, los próximos dos meses.

De allí que el Ministerio de Educación no podía dejar en el aire instituciones tan importantes como las que gobiernan la educación en el país, mas aun cuando legalmente ningún director podría haber podido firmar documento alguno o tomar decisión alguna porque habría caído en precariedad y serían disposiciones ilegítimas.

Ahora bien, cierto es que se debe mantener la legalidad en la administración educativa, empero, todos esperan que estas decisiones se hayan adoptado con la finalidad de encausar la gestión, con el firme objetivo de consolidar un accionar que ponga de una buena vez el esperado orden y la moralización en la actividad educativa.

Por ejemplo, en lo que concierne a la UGEL Santa en estos momentos existen serios cuestionamientos respecto al desempeño de funcionarios que estarían esquilmando los recursos asignados a la buena marcha educativa y que disfrazan esas malas acciones con diversos conceptos que han sido ya descubiertos como ilegales.

Es el caso de los famosos “bonos de productividad” o el no menos tristemente célebre “plush” que los servidores estables han cobrado por encima de la ley y la moral, es decir, no solo porque existen normas legales que los prohíben sino porque existen documentos que ordenan que no se ejecuten pero ciertos funcionarios venales lo hacen porque les importa un comino que luego los denuncien.

Y es que este caso de los “bonos de productividad” es un verdadero escándalo, aun cuando no existan autoridades con agallas que demanden de una buena vez medidas punitivas que pongan coto a estas malas artes.

Como su nombre lo indica un bono de “productividad hace alusión a un reconocimiento a un incremento de funciones y de resultados en una determinada gestión, sin embargo, hasta un niño de primaria entendería que no puede existir un “mejor rendimiento” que justifique el pago adicional cuando no se ha realizado trabajo alguno.

Durante la pandemia los trabajadores de la administración educativa se mantuvieron al margen de sus funciones por el aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno, consecuentemente, es absurdo que se piense en una productividad que hay que reconocer.

Estos malos trabajadores han hecho efectivo este cobro y se requiere que las autoridades ratificadas defiendan los recursos de sus entidades no solo con una mera prohibición en el papel, sino con medidas punitivas que alejen a los responsables de la entidad y los pongan a consideración de la justicia.

De allí que confiamos que la ratificación de las autoridades sirva para poner orden en las entidades educativas, para que se separe “la paja del trigo” y se descontamina entidades públicas que por su propia naturaleza deberían estar al margen de las denuncias y los escándalos. Veremos si es que de esta manera se avizoran nuevos aires en la educación.alt