Dr. Edhín Campos Barranzuela
Mucha pena e indignación ha causado la muerte de 13 jóvenes, al interior de una conocida discoteca en el distrito limeño de los Olivos, en pleno estado de emergencia nacional.
En efecto, la sumatoria de estas tempranas muertes, no se debe esta vez a la pandemia generada por el abominable coronavirus, sino las causas de la muerte han sido diferentes, es decir por concurrir a una reunión social denominada “Fiesta Covid “, sin las garantías y permisos que el caso requería.
Dentro de este contexto, es importante precisar que mediante Decreto Supremo 135-2020 -PCM el Poder Ejecutivo, prorrogó hasta el 31 de agosto, el estado de emergencia a nivel nacional y en consecuencia suspendió el ejercicio de cuatro derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, derecho de reunión, derecho de tránsito e inviolabilidad del domicilio.
Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución Política del Estado, se decretó en todo el territorio nacional, el establecimiento del estado de emergencia, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación, como consecuencia de esta terrible situación que estamos atravesando en toda la humanidad.
Sin embargo, pese a esta prohibición, ya era voz populi que, en diferentes partes del país, se estaban realizando no solamente reuniones familiares y sociales, que eran fuente de propagación de esta enfermedad, sino también se realizaban fiestas nocturnas clandestinas, sin las más mínimas condiciones de bioseguridad y desde luego desacatando las disposiciones legales.
De aquí hacia adelante, probablemente se realicen una serie de investigaciones, en las que se va a desnudar al mismo sistema estatal, pues primero la investigación preliminar alcanzará a la presunta conducta ilícita de los propietarios de la referida discoteca, para saber si contaban con la licencia municipal y de ser positiva, porque razón estaba funcionando en horarios que se encontraba prohibido, por encontrase el país, en estado de emergencia y suspensión de algunos derechos constitucionales.
De la misma forma, la investigación preliminar alcanzará a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Los Olivos y de Defensa Civil, para saber si efectivamente el local contaba con todos los requisitos para otorgarle la licencia respectiva y además conocer la causa de ausencia de operativos de fiscalización por esa zona, pues ya se tenía conocimiento que funcionaba todas las semanas en época de estado de emergencia.
También, el Comando de la Policía Nacional debe dar una exhaustiva explicación al país, la forma como se ha llevado a cabo la intervención policial, al parecer sin los protocolos de un correcto operativo, pues según se refiere, han arrojado bombas lacrimógenas que desencadenó la euforia de los jóvenes, se aglomeraron para salir y en ese desesperado trayecto han fallecido lamentablemente trece jóvenes, que han enlutado a trece familias, es por ello que urge que el Ministerio Público dé a conocer los resultados de las necropsia respectiva para saber la causa de la muerte.
No cabe duda, que la desgracia de lo sucedido en el distrito de los Olivos, nos llama a meditar y hace relucir la miseria humana, pues por un lado existen miles de peruanos que exigían el levantamiento del aislamiento social obligatorio, con la finalidad de salir a trabajar y llevar el pan diario a su casa y por otro lado a jóvenes irresponsables que sabiendo la difícil situación que estamos pasando y la prohibición de concurrir a lugares de masiva concentración y lugares de diversión, prefirieron la fiesta, en lugar de preservar su propia vida.
Algunos jóvenes de hoy, se creen inmunes a la pandemia y no les importa nada, pues creen que no se van a contagiar y es por ello que no toman las debidas medidas de bioseguridad y en muchos casos, jóvenes asintomáticos contagian a sus padres, hermanos, tíos, abuelos y cuanta persona se encuentra cerca de ellos.
No cabe duda, que la investigación preliminar que se encuentra en marcha, será enfocada dentro de los delitos contra la vida el cuerpo y la salud, así como también contra la salud pública, en la modalidad de violación de las normas sanitarias y se debe citar a todas las personas que resulten presuntos responsables, para esclarecer estos luctuosos hechos, que desde luego no deben quedar impunes.
La investigación, probablemente estará orientada a la teoría jurídica del delito, sobre imputación objetiva, para comprobar si la acción ha creado una puesta auto en peligro y riesgo desaprobado jurídicamente y si el resultado del riesgo ha sido del mismo peligro, en otras palabras se investigará la imputación objetiva y subjetiva de la conducta, para saber si ha existido una creación de riesgo y este comprende el riesgo permitido propiamente dicho, el principio de confianza, la prohibición de regreso y la responsabilidad de la víctima.
Dentro de este contexto, nos preguntamos, donde estaban los funcionarios municipales para realizar operativos de fiscalización y donde estaban los servicios de inteligencia de la Policía Nacional, para prevenir las fiestas Covid en pleno estado de emergencia y nos seguimos preguntando ¿están difícil montar operativos policiales en algunas zonas consideradas “movidas, sin que se atente contra la integridad física de las personas intervenidas? “, pues no debemos perder de vista que los derechos constitucionales se encuentran suspendidos y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen el control del orden público y deben preservar el respeto de los derechos fundamentales.
No cabe duda, que esta desgracia nos pasado la factura de la irresponsabilidad y pone en jaque las atribuciones y cumplimientos de las funciones de algunas instituciones públicas, que deben reforzar su trabajo aún en épocas de pandemia y se debe tener en cuenta que estos luctuosos hechos, pintan a algunas autoridades, empresarios, jóvenes y adultos con un claro irrespeto a las normas, a la salud, a la vida de los peruanos y a la vida de ellos mismos.