La mañana de ayer la oficina regional de la Contraloría General de la República, dio a conocer el resultado de la auditoría realizada por esta dependencia en la UGEL Santa, la misma que guarda relación con manejos turbios que se vienen denunciando en esta última entidad desde hace varios meses.
El organismo de control decidió tomar acciones luego que los medios de comunicación como el nuestro denunciaran desde hace más de un año la acción dolosa que se venía registrando en la entidad educativa local y que respondía a los mismos manejos delictivos que se perpetraban en otras sedes educativas desde el año 2011.
Nos referimos al pago de un plush que ha beneficiado únicamente a los trabajadores estables de las dependencias educativas, el mismo que se generó en la época de la corrupción en la región, durante el gobierno el ex presidente regional César Álvarez Aguilar que firmo una resolución presidencial que luego sería descalificada por el mismo órgano de control que hace ya dos años atrás advirtió que el pago era ilegal y prohibió que se ejecutara.
Sin embargo, en algunas dependencias del sector educativo de la región, entre ellas la UGEL Santa, se hizo caso omiso a esta orden, incluso, en nuestra ciudad la actual directora María Inés Valverde había emitido una directiva prohibiendo que se ejecute ese pago, empero, como si las dependencias públicas fueran una chacra, hubo algunos funcionarios que se chasquearon sobre las circulares y directivas y siguieron realizando esos pagos.
Esto lo denunciaron los dirigentes de los gremios educativos que llegaron a demandar la presentación de denuncias penales que, finalmente, se hicieron efectivas, por ejemplo, en nuestra ciudad, y, que se han afianzado en Huaraz a través de acuerdos del consejo regional de Ancash, empero, pese a todo ese escenario cargado de cuestionamientos, los funcionarios de las sedes educativas siguieron realizando esos pagos.
Basta recordar que hace solo unos meses estos malos empleados fueron tan descarados que han realizado el pago este “bono de productividad” en los meses de marzo, abril y mayo, es decir, en periodos en donde los trabajadores se mantuvieron en sus hogares debido al aislamiento social y en esas condiciones no puede existir una “productividad” o mejor rendimiento que pueda ser premiado o recompensado.
Esta ilegalidad no podría pasarse por alto, los más altos funcionaros de la entidad educativa en la región fueron llevados a una interpelación en el consejo regional de Ancash y la cabeza del director regional de educación rodó por los suelos como consecuencia de una responsabilidad política sobre este tema.
Hoy la contraloría ha comprobado que todo lo que se denunció en su momento era ciento, con la salvedad que con el acervo documentario en sus manos ha verificado la modalidad delictiva que se ha utilizado.
Ello porque cuando los pagos se hacen efectivos responde a un manejo de códigos y mecanismos administrativos que ameritan una autorización previa, por ende, llamaba la atención que habiendo sido descalificado por la Contraloría, los empleados de las UGELES podían seguir echando mano a este recurso ilegal.
Ahora se sabe que eso ha sido posible porque los empleados responsables han utilizado el usuario y la clave de sistema que corresponde a una persona que ya ha fallecido pero se dieron la maña para mantenerla vigente y de esta manera tratan de eludir la responsabilidad que le corresponde.
De acuerdo a la información que ha adelantado la oficina de control se ha podido comprobar que otra empleada que figura como parte de estos avales de pagos indebidos ha admitido ante los auditores que desconocía que utilizaran su nombre, lo que pone al descubierto una acción mafiosa que amerita un castigo drástico.
Es importante que la Contraloría haya cerrado una pesquisa administrativa con la contundencia que precisa el informe revelado el día de ayer, corresponde ahora que la justicia investigue y sancione con todo el peso de la ley a los responsables, a esos malos empleados que se levantaron en peso los recursos de la entidad educativa y que se extienda a los beneficiarios de un pago que pese a que su legalidad era conocida, se continuó realizando de manera temeraria. Al final, el tiempo siempre da la razón.