Editorial

::: LAS COSAS CLARAS :::

La autorización de reserva de área acuática que ha extendido la Dirección de Capitanías y  Guardacostas a una empresa privada no está arreglada a la normatividad en la medida que esa área está bajo la administración del Servicio Nacional Forestal del Ministerio de Agricultura, lo que quiere decir que solo esta última entidad es la que puede o no autorizar el desarrollo de alguna actividad siempre que no impacte contra el ecosistema.

Esta definición la ha otorgado la semana pasada la Directora del Instituto Natura, una entidad ambientalista que no ha visto con buenos ojos como algunos “directivos” de colectivos que protegen el medio ambiente no hayan defendido como corresponde el área natural que se ubica en los predios de la Base Naval.

En este sentido María Elena Foronda ha explicado que “el área ecológica que está en el interior de la Base Naval de Chimbote forma parte de los humedales de Villa María la misma que, por ordenanza municipal, está declarada intangible e imprescriptible”  de tal suerte que hay allí una irregularidad que se debe investigar y conocer quiénes están detrás de proyectos que promueven su deterioro.

Esto es importante y nuevo para muchos, especialmente porque desde que se ha informado todo lo relacionado con esta área natural no se conocía el antecedente del ecosistema que está protegido en nuestra ciudad a partir de los humedales de Villa María.

Sin embargo, si se sabe ahora que existe una ordenanza que protege la zona ecológica que ha surgido en los predios de la Base Naval, urge que las autoridades tomen medidas para cuidarla y preservarla, es imprescindible que alguien tome la iniciativa para dejar sin efecto la resolución que se ha expedido desde la Dirección General de Capitanías para que se realice en ese mismo lugar una actividad industrial.

Pero en ese mismo contexto la dirigente ambientalista ha dado las pautas de las entidades a quien corresponde tomar acciones inmediatas y una de ellas es la Municipalidad Provincial del Santa que, como autoridad ambiental local, debe velar por su conservación y protección, tanto como al gobierno regional que cuenta con entidades que tienen atribuciones para proteger la biodiversidad a nivel de todo Ancash.

Ya nos llamaba la atención de la indiferencia y desidia que existía en torno a esta área natural cuya existencia era de conocimiento de muchas personas y entidades pero que solo se difundió cuando se publicaron las primeras informaciones relacionadas con ellas.

Y frente a la reacción de algunas personas interesadas en manejar esas áreas acuáticas al margen de la protección de un hábitat natural, señalamos hace ya unos meses que extrañaba que las entidades ambientalistas no asuman un rol protagónico y demanden que se defienda estas áreas naturales en donde, ya se ha explicado, han aparecido plantas de uso medicinal y una fauna que es pertinente proteger.

Lamentablemente, a este llamado surgieron posiciones suspicaces y extrañas que dejaban a su suerte a un área natural, que se apoyaron en intervenciones del Ministerio Público para argumentar que no pueden hacer nada mientras no se deslinde la investigación, cuando ella nada tiene que ver con la necesidad de proteger el ecosistema.

La misma directora de Natura ha sido clara y tajante al señalar que “quienes somos ambientalistas no podemos eludir estos procesos diciendo que son temas menores. Afirmar esto es un despropósito o responder tibiamente cuando hay intereses en conflicto. Ser ambientalista requiere de definiciones técnicas e integrales y no ‘escoger’ sus casos o ponerse de costado” .

Más claro ni el agua, de allí que los funcionarios llamados a proteger el ecosistema ya deberían haber adoptado medidas en el área acuática que existe en la Base Naval y demandar su conservación a través de resoluciones y dispositivos que le otorguen el carácter de intangible e inalienable que realmente tiene.

Esperemos que pronto se responda por ello, no es posible que frente a un tema tan clamoroso y evidente aun existan vacilaciones que dejan mucho que pensar.