Editorial

::: ERA PREVISIBLE :::

Hace dos años atrás calificamos de exageradas e inoportunas las decisiones judiciales que ampararon el pedido del Ministerio Público y que derivaron en la incautación de la vivienda donde residía el acalde de nuevo Chimbote Valentín Fernández Bazán y su posterior orden de prisión preventiva que lo ha llevado a mantenerse en la clandestinidad desde hace más de un año atrás.

Y lo sostuvimos en su oportunidad porque los cargos que formuló el Ministerio Público eran inconsistentes por entonces, se sustentaban en cuestionamientos periodísticos, en trascendidos de otros procesos judiciales así como en imputaciones que el ex alcalde sureño terminaba de haber superado en relación a un presunto enriquecimiento ilícito y corrupción.

Inclusive, en aquella ocasión ser percibía una suerte de persecución de tipo político, pues la medida se dictaba en medio de un proceso electoral en el cual el ex alcalde era candidato del movimiento Alianza para el Progreso y dichas actuaciones, en medio de un impresionante despliegue policial en diversos puntos de la ciudad, llevaron a Fernández Bazán a renunciar a su candidatura.

En aquel entonces, y esto ya es historia conocida, el jurado electoral rechazó la renuncia porque el cronograma electoral ya no la aceptaba, era un imposible jurídico y el entonces candidato participó en los comicios en tales condiciones obteniendo un impresionante segundo lugar, lo que llevó a muchos a pensar que realmente existió factores extrajudiciales que llevaron a emprender medidas coercitivas que no tenían precedente en nuestra ciudad.

Lo cierto es que desde entonces han transcurrido dos años, la justicia dispuso de los bienes de Valentín Fernández, en realidad bienes de sus familiares que están incursos en ese mismo proceso penal, inclusive, en la vivienda de la urbanización Las Casuarinas se ha instalado a la fecha una dependencia policial a pesar que el juicio no ha terminado.

Ahora resulta que el ex alcalde Valentín Fernández acaba de ser eximido de toda responsabilidad en el mentado proceso penal, el Juez Penal Bernardino Pillaca Valdez ha dictado el ultimo fin de semana una resolución mediante la cual declarado fundado el sobreseimiento del proceso con relación a Valentín Fernández Bazán y consecuentemente, debe levantarse la orden de captura que pesa en su contra.

En esta misma ocasión se ha advertido que en la medida que el Ministerio Público ha apelado la decisión del juez, habrá que esperar el pronunciamiento de la instancia superior no solo con respecto a Valentín Fernández Bazán sino a sus padres, sus dos hermanas y dos empresarios comprendidos en la denuncia y acusación del Fiscal Laureano Añanca chumbe.

El ex alcalde era el único que afrontaba este proceso por asociación ilícita para delinquir y pese a ello le aplicaron una medida de incautación de bienes y luego una orden de prisión preventiva de 18 meses que lo ha dejado al margen no solo de las actividades políticas que realizaba, sino hasta sus actividades profesionales, pues fue echado de Essalud como lo informó el gerente de esta institución.

Esto quiere decir que el proceso continuará contra los padres y hermanas de Valentín Fernández y uno de los empresarios por delito de lavado de activos, pues este es el resultado del control de acusación llevado adelante por el magistrado en lo que se conoce como la fase intermedia del proceso penal.

El juez ha escuchado el fundamento del fiscal y no ha encontrado pruebas que sustenten los cargos delictivos que formula, seguramente habría archivado todo el proceso si es que en esa instancia se permitiera merituar las pruebas que hace valer respecto al delito de lavado de activos, sin embargo, teniendo en cuenta que el patrimonio de los padres y hermanas del burgomaestre existen se deberá continuar el caso por Lavado de Activos hasta que se deslinde la naturaleza de los mismos.

Hace ya un tiempo señalamos en esta misma columna que el Fiscal Añanca fue desairado en otro juicio de lavado de activos por el ex Juez Eudosio Escalante Arroyo, quien le dio una cátedra de derecho penal en el recinto judicial, en una audiencia que los periodistas no olvidan porque dejaron serias dudas sobre la preparación de un fiscal que hoy recibe un revés escandaloso en el caso Valentín Fernández.

Habrá que esperar que la Sala Penal convoque la audiencia de apelación y revise la resolución que ha dictado el juez Bernardino Pillaca, empero, todo apunta a que este “castillo de naipes” que construyó la Fiscalía se viene abajo como era previsible.