AVANZAR
El contralor general de la república, Nelson Shack llegó la semana que pasada a nuestra ciudad con ocasión del inicio de la intervención que realiza el ente de control en la región Ancash, con la finalidad de verificar la existencia de casos de corrupción, especialmente, en los gastos realizados por entidades públicas durante la emergencia del covid 19. Asumimos que la decisión del organismo de control, obedece a la necesidad de escudriñar las acciones de las entidades que manejan recursos públicos luego que el Ministerio Público y el Poder Judicial dictaron prisión preventiva por 9 meses al gobernador Juan Carlos Morillo, empero, este procedimiento no deja de llamar la atención porque se supone que lo uno debe ser antes que lo otro. Y es lo dijo uno de los abogados de los investigados de este caso, cuando señaló que estas compras de equipos y construcción de infraestructura son actuaciones que se han ejecutado paralelamente a la fiscalización de la contraloría regional y hasta entonces este organismo solo había hallado observaciones de índole administrativo, había detectado errores pasibles de ser corregidos e hizo las invocaciones a que se adopten los correctivos pertinentes. Sin embargo, hasta la fecha no se había elaborado algún informe de control que denuncie la comisión de presuntos delitos y no había solicitado que se inicien las pesquisas a nivel judicial. Recordemos que este caso se inicia a pedido del procurador anticorrupción respecto a sospechas que no fueron corroboradas, tanto así que los cargos del Fiscal y la resolución del juez se sustentan en la existencia de una marcada diferencia entre el valor estimado con los montos del expediente técnico, es decir, una situación que es casi habitual en todos los proyectos porque los estimados son solo eso, proyecciones y probabilidades de costos. Sin embargo, si la Contraloría ha decidido realizar una intervención integral en hora buena, eso le hace bien a la salud moral de nuestra región y permitirá deslindar como se vienen manejando los recursos que aportamos todos los peruanos en las acciones que requiere la población.
AVANZAR II
Justamente, en la última visita que realizara el Contralor estuvo acompañado por congresistas de Ancash, entre ellos Norma Alencastre Miranda, quien le hizo una pública invocación a efectos que el accionar de los auditores no detenga las inversiones realizadas. Esto quiere decir que la congresista estaba preocupada porque las investigaciones no impidan el uso de las obras que son objeto de pesquisa. Ha señalado que si existen responsabilidades en los funcionarios que llevaron a cabo estos trabajos, que el organismo contralor o las autoridades competentes se encarguen de ello y exijan el castigo con las pruebas pertinentes, empero, ello no debe detener el funcionamientos de los equipos o los ambientes que se han ejecutado porque son necesarios para hacer frente al enemigo invisible, especialmente ahora que se han incrementado los contagios y se trata por todos los medios de contener cualquier brote. Si se cuenta con recursos a la mano que se utilicen y que las investigaciones no impidan ello, hay que avanzar en el tema del Covid y no retroceder, dijo la congresista y la verdad no le falta razón. Una cosa es la responsabilidad del funcionario que debe deslindarse y otra muy distinta el objetivo de la obra que se ha realizado o los equipos que se han adquirido.
AVANZAR III
Y respecto a este mismo tema, todo indica que el mismísimo Contralor no ha sido convenientemente informado en relación a las inversiones de la región Ancash por la pandemia del Covid 19, pues hace solo unos días el abogado de la empresa Quimera, Jorge Colmenares Rodríguez, se ha visto obligado a emplazarlo notarialmente a que rectifique las declaraciones que hizo a su llegada al hospital regional, en donde hizo alusión a casos de corrupción en ese nosocomio cuando las cosas son diametralmente diferentes. Señala que la empresa Quimera ganó un concurso a mano alzada, como tal debió asumir las deficiencias del expediente técnico que fue elaborado por el Gobierno Regional, inclusive, su institución, es decir, la contraloría, hizo un control concurrente y expidió cinco observaciones todas relacionadas al gobierno regional, de allí que la empresa asumió un costo de 112 mil soles que estaba fuera de presupuesto. Bueno si la cosa fue así, es una real conchudez que la Contraloría, el Juez o Fiscal persigan a la propietaria de la empresa cuando en su momento no le dijeron absolutamente nada.