La Corte Superior de Justicia de Ancash, que tiene su sede en Huaraz, informó en la víspera de la navidad que un Juzgado Unipersonal de esa sede judicial, había dictado una condena contra el ex presidente regional César Álvarez Aguilar, en uno de los tantos procesos penales que aún tiene pendiente el ex titular de Áncash.
En esta nueva oportunidad la justicia decidió castigar a Álvarez con una condena de cuatro años de pena suspendida, en los autos que se le siguieron por delito de malversación de fondos en agravio del estado, por lo que se establecieron las normas de conductas a las cuales queda sujeto en caso no cumpla con los alcances de la condena.
En esta nueva oportunidad, el ex presidente regional era condenado por una de las tantas maniobras dolosas que se perpetraron en su gestión, ya en Chimbote había sido condenado por el mismo delito de malversación al haber dispuesto los presupuestos destinados a la ejecución de tres obras para financiar el lanzamiento de otras, condenando de esta manera al posterior abandono de todos los proyectos.
En Huaraz, la malversación se concretó luego de suscribirse un convenio interinstitucional con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas -DEVIDA, a través del cual la región Ancash recibió la suma de 430,322 soles para que ser usados exclusivamente en la ejecución de la actividad “Programa de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas en el Departamento de Ancash”.
Sin embargo, mediante las Resoluciones Ejecutivas Regionales el expresidente regional de Áncash, a sabiendas que estas maniobras eran ilícitas, destinó irregularmente la suma de 147,879 soles para fines distintos a lo establecido en el convenio.
Para los magistrados de la Corte de Huaraz quedó claro que con este desvío de fondos se desnaturalizó el sentido funcional de dichos recursos que tiene el carácter público y que eran administrados por el organismo dirigido por Álvarez Aguilar, como consecuencia no pudieran cumplirse las metas y objetivos trazados del referido programa social.
Esta clase de manejos turbios predominaron en la gestión del ex titular de Ancash y solo pudieron descubrirse luego que la Contraloría realizara una auditoría integral tras la captura e internamiento en el penal del mismo Álvarez y gran parte de funcionarios de su entorno, de tal suerte que los elementos probatorios recién se consolidaron a partir de esa evaluación y se entregaron a la justicia que, a estas alturas, está concluyendo los largos procesos de investigación junto al Ministerio Público.
Esta es la quinta condena que recibe César Álvarez en el historial judicial que viene acaparando desde que fuera confirmado en el penal de “Piedras Gordas” y se decidiera investigar los múltiples actos de corrupción que se denunciaron a lo largo de los años que ejerció la presidencia regional.
Fueron dos las condenas dictadas en la justicia de Chimbote, una de las cuales es por malversación de fondos y la segunda es el denominado caso SISA las cuales han sido ya confirmadas en segunda instancia.
La tercera condena fue impuesta por el Primer Juzgado Penal Nacional que investigó el caso de la carretera Chacas – San Luis, en lo que concierne a las irregularidades perpetradas en su ejecución pues el caso de la coima por la adjudicación de la obra a Odebrecht fue archivado por la justicia de Huaraz. En este caso la juez Nayko Coronado le impuso 8 años y tres meses de carcelería, fallo que ha sido ya ratificado por la Sala Penal Nacional.
La cuarta condena se le impuso en el mes de enero de este año que termina y corresponde al proceso que se le iniciara por las graves irregularidades en la ejecución del estadio “Rosaspampa” de Huaraz, una obra que desde aquí dijimos que estaba sobrevalorada con la mera comparación que se hizo con la construcción del estadio en nuestra ciudad. En este caso se le impuso una pena de 10 años de cárcel.
La quinta condena es la que se le ha impuesto hace una semana en Huaraz con una pena de cuatro años de cárcel suspendida por la malversación de fondos antes referida.
Esto quiere decir que Álvarez ya cuenta con un amplio prontuario por tantos procesos que han culminado y cuyo margen se verá robustecido con los juicios emblemáticos del crimen de Ezequiel Nolasco y el conocido Caso la Centralita. En ambos afronta un pedido de 35 años de cárcel y el primero de ellos termina esta semana.
Esto demuestra que estas sentencias no son sino “una raya más al tigre”, una condena más que no será la última. Es el costo de una gestión marcada por el signo de la corrupción.