Cuando aún los chimbotanos nos recuperábamos del descanso del feriado navideño, el procurador anticorrupción del santa, Dr. Richard Asmat Urcia, nos regresaba a nuestro hábitat natural y señalaba que existía una pretensión de cobrar una suma millonaria por parte de una empresa cuestionada e involucrada en un acto de corrupción.
Se estaba refiriendo al consorcio que transó con la ex alcaldesa Victoria Espinoza y los funcionarios de su entorno, la compra de los denominados “semáforos inteligentes” para la ciudad, un proyecto que resultó un fraude que fue descubierto por las autoridades y que ha merecido una condena a penas efectivas que llevaron a las autoridades de entonces a la clandestinidad.
Se estaba refiriendo el procurador al Consorcio del Santa ITS, la empresa favorecida por la administración de Victoria Espinoza para la compra de los semáforos inteligentes, los cuales resultaron ser un verdadero bluff pues se estableció que fueron sobrevalorizados y por ello las posteriores gestiones se negaron a cancelarle un saldo del total.
Por ello es que el consorcio pretende cobrar vía arbitraje dos millones 409 mil 115 soles, han conseguido que se declare fundado este pedido y por la impugnación de la municipalidad el proceso se encuentra en casación en la Corte Suprema de la República.
Sin embargo, Consorcio del Santa ITS es una empresa cuestionada y descalificada que fue considerada como tercero civilmente responsable en el proceso penal en el cual fueron condenados la ex alcaldesa Victoria Espinoza García, sus exfuncionarios y el empresario Emilio Rivas Gay.
Precisamente, como consecuencia de la sentencia condenatoria firme y consentida, Consorcio del Santa ITS y los procesados deben pagar una indemnización en favor del Estado de 3 millones 612 mil 692.33 soles, sin embargo, a pesar de ello, valiéndose de los procedimientos vigentes en la ley, pretende cobrar un saldo a la comuna cuando está obligada a resarcir al Estado en el caso que la Municipalidad perdiera el arbitraje y tenga que abonar al Consorcio del Santa ITS, de inmediato serán embargados y se mantendrán en las cuentas del Estado.
Esta acción es producto de un hecho circunstancial, pues mientras la procuraduría hacía esfuerzos por conseguir que se concrete el pago de la reparación civil, tomó conocimiento que la Municipalidad sostenía el arbitraje con el consorcio y estaba a punto de ser obligada a cancelar una cuantiosa suma en favor de quienes no lo merecían.
Al margen de la providencial reacción de la procuraduría, que por lo menos garantiza que no se premie a una empresa que ha embaucado al ayuntamiento de Chimbote, es necesario que esta clase de maniobras puedan ser rechazadas desde un primer momento, nos referimos al arbitraje que ha emprendido el consorcio.
Ello porque una empresa que está involucrada en un proceso penal por fraude y que ha sido condenada en el marco de un proceso penal, aunque sea como tercero civil responsable, no puede estar reclamando el pago de saldos cuando se entiende que esos contratos han sido objeto de cuestionamientos y fueron oportunamente descalificados por la autoridad judicial.
Los chímbotanos hemos sido testigos de la manera como se emprendieron proyectos que al cabo de algunos años resultaron siendo un embuste como los famosos “semáforos inteligentes” que fueron presentados como un “grito último de la tecnología” y de esa manera buscaron que justificar su alto costo, pero que no fueron sino aparatos simples y que no tenían nada de inteligentes.
Esos semáforos se malograron y muchos a la fecha están inservibles, por ello es que la justicia condenó a la ex alcaldesa, su ex gerente municipal y dos funcionarios, los primeros de los cuales se encuentran como prófugos de la justicia y los dos últimos ya purgan carcelería tras ser capturados el año pasado.
De allí que es importante que la procuraduría esté siempre atenta a la cautela de los intereses del estado y haya intervenido para impedir no solo que la empresa cobre por algo que no sirvió sino para que aquellos que se aprovecharon de los recursos del estado no pretendan salirse con la suya.
De allí que convenimos con el procurador cuando dice que “una empresa corrupta no puede cobrar ni un sol más de esa licitación amañada que ganó”. Esperemos que finalmente sea así.