No es un secreto que aquellas personas que se han visto vencidas en un procedimiento judicial o que tienen alguna obligación que cumplir, apelen a la transferencia de sus bienes a efectos de impedir que mediante otra acción judicial puedan ser embargados u obligados a ceder esos bienes como forma de pago de dichas cuentas pendientes.
Esto se advierte con mayor certidumbre en los casos de fraude o corrupción que emprende la justicia en contra de aquellos que se han enriquecido ilícitamente y han obtenido, de manera oscura e ilegal, un patrimonio que debe responder por la conducta dolosa y criminal que han observado en cualquier escenario.
Por ello es que la defensa de estado debe estar prevenida de esta clase de acciones e interviene cuando advierte que alguien está cediendo su patrimonio con la única finalidad de impedir que el estado pueda cobrarse esa deuda.
En nuestra ciudad se ha advertido un caso de este sesgo el último fin de año, cuando la Procuraduría anticorrupción ha conseguido que un juez Penal declare nula y sin efecto legal alguno la transferencia que realizó un individuo que ha sido condenado por delito de corrupción en favor de su hermana, lo que evidencia que ha tratado de deshacerse de la propiedad con la finalidad de evitar que la reparación civil que se ha establecido no se cobre con ese buen inmueble.
Este hecho ha sido protagonizado por el ex funcionario del Proyecto Especial CHINECAS, Daud Micky Chávez Miranda, quien el 6 de diciembre del año 2018, transfirió el terreno de su propiedad, ubicado en la manzana L2 lote 4 sector 3 zona 3 de la urbanización Casuarinas, en Buenos Aires, distrito de nuevo Chimbote, a favor de la constructora Montecristo SAC, cuya gerente general es su hermana Rosario del Carmen Chávez Miranda.
Esta dudosa transferencia se hizo en fecha posterior al 21 de julio del año 2018 cuando Chávez Miranda había sido ya condenado a 4 años de prisión efectiva por el delito de colusión más el pago de una reparación civil de 15 mil soles.
Lo mas grave es que, posteriormente, el mismo Chávez Miranda fue condenado en dos oportunidades, por otros casos de corrupción y hasta se convirtió en prófugo de la justicia y le debe al Estado de manera solidaria, un monto superior a los 653 mil soles que la Procuraduría busca embargar.
Precisamente, en este afán de cobrar el derecho del estado es que la abogada de la procuraduría, Betty Quiñones Varas ubicó el inmueble en la urbanización Casuarinas y se dio con la sorpresa que ya no le pertenecía a Daud Micky Chavez Miranda.
Inclusive, con información de registros públicos, verificó que la supuesta venta se realizó por un monto de 42 mil 213 soles, cifra muy inferior a un valor real de mercado, otro de los argumentos que sirvió para considerar que se había efectuado una transferencia simulada con la finalidad de impedir que fuera embargada por el estado atendiendo al derecho que le corresponde para resarcirse del tremendo daño que le hicieron quienes se valieron de cargos públicos para llenarse los bolsillos.
De allí que, tras escuchar los argumentos de la Procuraduría Anticorrupción del Santa que busca cautelar el pago de la reparación civil a un condenado por corrupción, el Juez John Pillaca Valdez ordenó la nulidad de la transferencia y dispuso que se mantenga firme la medida cautelar de embargo en forma de inscripción que oportunamente también solicitó la Procuraduría para evitar que el bien inmueble pase a terceros.
Esta es la manera de proceder contra las maniobras, legales o no, que solo buscan que desvirtuar el derecho del estado a cobrar una reparación civil que está firme y vigente y que corresponde por derecho.
De allí que hay que saludar la intervención oportuna de la procuraduría en este caso a efectos de impedir que los que esquilman los recursos de Áncash se salgan con la suya, estamos convencidos que no es el único caso, que existen otros en kos que se trata de ocultar el patrimonio mal habido, de allí que la plausible alerta en la que se encuentra la procuraduría garantiza que el estado pueda resarcirse como corresponde y tal y conforme lo ha ordenado la justicia. Enhorabuena.