La fiscal de la primera fiscalía provincial Penal de Chimbote ha dispuesto el archivo definitivo de la investigación preliminar que se iniciara contra el alcalde Roberto Briceño Franco, el abogado Denis Montoro García y los familiares de este último, al primero de ellos por presunto delito de violación del régimen sanitario y los últimos por desobediencia y resistencia de la autoridad.
Los hechos están relacionados con la intervención del burgomaestre en el interior de la vivienda del letrado en mención, bajo la ridícula sospecha de tomar parte en una reunión en la que había música y licor, inclusive, una acomedida mujer Policía aparecía en las imágenes llevando dos botellas vacías de cerveza.
Todo ello fue de dominio público, inclusive, unas horas después, tras la toma del dosaje etílico, la misma Fiscal dispuso la inmediata libertad del Alcalde y sus acompañantes en la medida que no existían indicios de la comisión de un delito grave y se investigaría la violación de las normas sanitarias.
Y es que la actuación de la Policía anticorrupción, que no sabemos que tiene que ver en una presunta infracción del régimen sanitario, no fue sino un burdo exceso policial nacido probablemente de chismes y de acciones interesadas de los enemigos políticos del alcalde, escenario que es probable si se tiene en cuenta que los Policías no llegaron solos sino acompañados de un camarógrafo que captó la intervención para lanzarla por las redes sociales de inmediato con la finalidad de generar lo único que busca este accionar abusivo, es decir, el escándalo mediático.
En efecto, muchos deben recordar que tras la intervención el alcalde declaró que no solo no estaba ebrio ni había ingerido bebidas alcohólicas (como lo acreditaba el dosaje etílico), sino que había llegado algunas horas antes al domicilio de la familia Montoro García con la finalidad de entrevistarse con una de sus integrantes, que es funcionaria de la Municipalidad Provincial y con la cual necesitaba coordinar un trabajo de esa área.
En el lugar su hermano, el conocido abogado Denis Montoro departía con sus padres el almuerzo organizado en la vivienda y allí lo invitaron a almorzar, solo eso, empero, aparentemente alguien que tenía interés en descalificar a la autoridad edil malinformó a la Policía que en el interior había una fiesta, que el alcalde estaba embriagado y por ello arremetieron de la manera como lo hicieron
Los policías rompieron la puerta para ingresar, buscaron afanosamente al alcalde y tras retirarlo lo llevaron a la comisaría, pero no en la manera como lo deberían hacer, es decir, conduciéndolo en la camioneta policial, por el contrario, decidieron llevarlo a pie en un tramo de tres cuadras a la redonda, como si la pretensión haya sido exhibirlo en una detención que fue a todas luces arbitraria.
Inclusive, la funcionaria María Montoro García fue jaloneada y agredida al extremo de dislocarle un brazo, tal como lo han demostrado los afectados con los certificados de reconociendo médico legal que han adjuntado a una denuncia contra el personal interviniente, la misma que se corrobora con la disposición de archivo de la Fiscal.
Y es que después de haber promovido una escandalete que fue aprovechado por los políticos interesados, la Policía no puede dejar de responder por un operativo que resulta irregular y abusivo por donde se le mire, con mayor razón ahora que la fiscalía ha dispuesto el archivo definitivo de los actuados en la medida que no existe un solo elemento de convicción que reafirme los cargos,
Por el contrario, nos preguntamos ¿como queda la mala intención de los operadores al trasladar al alcalde como si fuera un trofeo de guerra, exponiéndolo ante la gente como si fuera un elemento de mal vivir, una mala autoridad que había violado el régimen sanitario ya existente por la pandemia del Covid 19, a sabiendas que ello no era cierto?.
Cierto es que en ese momento, como ahora, se encuentran suspendidas las garantías constitucionales referidas a la libertad personal y el derecho de reunión, empero, ello no autoriza a un agente policial a patear una puerta e ingresar a una vivienda porque se le da la gana, ni siquiera una autorización judicial puede avalar ese hecho en la medida que se requiere una prueba de la comisión de un delito dentro del inmueble, y, el derecho de reunión está relacionado con las actividades públicas que convocan la presencia masiva de personas, lo cual n o era el caso del burgomaestre.
Ahora que se ha archivado la investigación iniciada al alcalde, corresponde evaluar el accionar matonesco de un grupo policial que ni siquiera le compete esta clase de infracciones, es evidente que allí hubo interés subalterno y corresponde saber quiénes direccionaron un operativo policial matonesco y excesivo.