Editorial

::: NO MÁS BURLA E IMPUNIDAD :::

La semana pasada ha trascendido que la oficina regional de la Contraloría General de la república ha evacuado el informe relacionado con la auditoría que ha realizado en las dependencias de la UGEL Santa y ha concluido la responsabilidad individual que alcanza a cada servidor por el pago ilegal de poco más de dos millones de soles por concepto de un incentivo al cual no tenían derecho.

Este informe ha sido remitido a la Dirección de la UGEL Santa a efectos que tome las medidas que legalmente corresponde pues este tema viene dando vueltas desde hace poco mas de un año en que fue denunciado, como siempre ocurre, a través de los gremios de trabajadores y medios de comunicación.

Se trata del famoso “plush” que se estableció en la época de corrupción regional y que se puso en vigencia con una resolución de presidencia regional firmada por César Álvarez Aguilar, la misma que privilegió el pago de un incentivo de productividad o “plush” en favor de los servidores estables de la dependencia educativa.

En realidad este incentivo no tenía base legal, se implementó de manera informal y para que se pueda hacer efectivo se recurrieron a una serie de maniobras administrativas y contables que hicieron  tabla rasa de la normatividad, se apelaron a extraños movimientos que los gremios de trabajadores denunciaron en su oportunidad pero que los organismos de control  no asumieron con responsabilidad, sino solo cuando el escándalo mediático se hizo patente se decidieron a intervenir e incursionar en las oficinas administrativas.

Esto ocurrió los últimos meses del año pasado y no fue muy difícil para la labor de los auditores en la medida que ya el organismo de control había alertado la ilegalidad de este pago, ya la contraloría había señalado la necesidad que se paralice este pago porque era ilícito, sin embargo, la osadía y la desfachatez de algunos trabajadores y funcionarios los llevaron a mantener este pago a todas luces.

Por ejemplo, cuando se inició la emergencia sanitaria, en marzo del año pasado, el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno obligó a las empresas e instituciones a paralizar sus actividades, los trabajadores se mantuvieron encuarentenados en su domicilio por más de dos meses y luego la reanudación de actividades fue paulatina.

En buen romance nadie trabajó en ese periodo, empero, sorpresivamente, los trabajadores estables de la UGEL se dieron maña para seguir cobrando por un concepto que ni siquiera les corresponde, pues sino trabajaron ¿cómo podría entenderse que se hacen merecedores de un bono de productividad?

Esto es absolutamente absurdo, empero, los que desfalcaron la UGEL Santa se dieron maña para hacerlo y cuando intervino la Contraloría pudo detectar que este pago era posible gracias a una maniobra del tesorero de turno que había hecho uso de un usuario y de la clave de una ex tesorera que ya había fallecido.

Esto es un acto delincuencial que en cualquier lugar del mundo hubiera dado lugar a que el empleado responsable vaya a parar a la cárcel en menos de lo que canta un gallo, empero, a pesar que se dieron a conocer los mecanismos delincuenciales, a pesar que se había identificado a quienes manipularon la clave y usuario de una empleada fallecida, las autoridades no hicieron nada hasta el momento.

Por el contrario, recién hace poco más de una semana la contraloría ha remitido a la Ugel el informe con las conclusiones de sus pesquisas, señalando “con pelos y señales” quienes han sido los responsables y privilegiados que cobraron ilegalmente poco más de dos millones de soles, exigiendo que se adopten las medidas correspondientes.

Estas medidas no son otras que la inmediata denuncia penal y el pedido de prisión para todos los involucrados, para todos los que se han visto beneficiados ilegalmente y a sabiendas con el millonario pago de beneficios que no corresponden.

Se debe tener en cuenta que este tema se viene denunciando desde hace más de un año, de allí que hay que decir en voz alta: no más burla e impunidad, las autoridades están para defender los recursos públicos y para demandar el castigo ejemplar a quienes se llenaron los bolsillos a vista y paciencia de todos.