A mediados de la década de 1960, en pleno despegue del boom de la pesca, un grupo de empresarios con admirable visión de futuro se propuso hacer realidad el proyecto denominado Centro Comercial y Financiero de Chimbote. El lugar elegido fue la manzana comprendida entre las avenidas Pardo, Bolognesi, Gálvez y el jirón Tumbes.
Hasta donde lo permite nuestra memoria, recordamos que el grupo de pioneros estaba integrado por los señores Miguel Mohanna Anser, Darío Caamaño Montero, Augusto Chong Wong y Humberto Villanueva Gonzales, entre otros.
El proyecto contemplaba la construcción de seis torres de edificios, una de ellas de doce pisos y las cinco restantes de ocho. Todas ellas estaban separadas entre sí por dos pasajes paralelos, a ambos lados del Banco de la Nación, que unen la avenida Gálvez con el jirón Tumbes. Un tercer pasaje une en forma transversal las avenidas Pardo y Meiggs.
Justamente la “L” formada por el pasaje que corre a la derecha del Banco de la Nación, exactamente a espaldas del Palacio judicial, y la parte del pasaje que comienza en la avenida Pardo, recibió el nombre de Pasaje de la Cultura; lo que ha quedado como testimonio de la identificación y cariño por Chimbote de parte de aquellos emprendedores.
Han pasado sesenta años desde aquel entonces y para sorpresa de todos, el Pasaje de la Cultura ha sido víctima del más grave atentado que puede sufrir un espacio público, que por añadidura forma parte de la identidad cultural de Chimbote. Aproximadamente unos 200 metros cuadrados del pasaje ha sido tomado como suyo por la Corte Superior de Justicia del Santa y anexado al Palacio Judicial.
Para que esto pueda proceder, la Municipalidad Provincial del Santa ha otorgado a la Corte Superior de Justicia una licencia de construcción con fines de “reforzamiento estructural”, todo ello bajo el argumento de un supuesto riesgo que amenaza la estructura del Palacio Judicial, argumento que de acuerdo con la versión de técnicos en construcción no es más que como falsa alarma.
Si realmente existiera dicho riesgo, el otorgamiento de la licencia de construcción hubiera requerido previamente de un informe detallado por parte de Defensa Civil, cosa que por supuesto no ha sucedido.
De ahí que la licencia de construcción otorgada por el municipio, más parece tener la condición de una licencia de destrucción. No solo autoriza la destrucción de un bien de uso público que tiene además la condición de propiedad privada. También destruye el ordenamiento urbano y atenta contra la identidad cultural.
A raíz de este atentado y dando cumplimiento a uno de los objetivos de su razón de ser, como es la defensa del orden y patrimonio urbano, el Colegio de Arquitectos de Chimbote ha presentado ante el Ministerio Público una denuncia penal contra la Municipalidad Provincial del Santa y la Corte Superior de Justicia del Santa. A ambas instituciones se les acusa de haber incurrido en los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, abuso de autoridad y usurpación agravada.
Es una lástima que dos instituciones que comparten la obligación de salvaguardar el principio de autoridad, el respeto a la propiedad privada y la defensa del patrimonio urbano, tengan que aparecer ahora como protagonistas de un hecho que más bien contraviene este principio.
Siendo así ¿Con qué autoridad moral podrían la Corte y el Municipio sancionar a cualquier hijo de vecino que se le ocurra levantar una construcción en plena vía pública?.
Ya bastante descrédito recae sobre ellas por parte de la opinión pública como para tener que añadir una raya más al tigre.
Si la denuncia del Colegio de Arquitectos es acogida y sobrellevada bajo estricto cumplimiento del estado de derecho, lo único que queda en adelante es la anulación de la licencia y la respectiva demolición de la construcción ilegal. No se le puede buscar tres pies al gato.