Los hechos hablan mejor que las palabras, por eso consideramos justo y necesario empezar este comentario remitiéndonos a una historia reciente. En agosto del año pasado, cuando el gobernador de turno Juan Carlos Morillo Ulloa fue internado en el hospital Rebagliati, la persona que debió reemplazarlo era el vice gobernador Henry Borja Cruzado. Para eso no se requería de más trámites ni procedimiento que los que están claramente establecidos en la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Pero no fue así. En un hecho inédito que nunca ha sucedido en otra parte del país, el gobernador Juan Carlos Morillo “encargo” el despacho de la gobernación regional a la gerente general Gina Gálvez Saldaña, una funcionaria de confianza cuyo único mérito era ser militante de Somos Perú, el partido de Morillo.
Cuando todos esperábamos que alguien exigiera el cumplimiento de la ley y sobre todo saliera en defensa de Ancash ante esta humillación, los miembros del consejo regional se hicieron de la vista gorda. Su silencio cómplice permitió que la referida funcionaria, amparada en un simple documento firmado por Morillo, dirija el gobierno regional a su libre albedrío, con todos los poderes y las mismas atribuciones que solo corresponde a una autoridad elegida por voto popular.
Lamentablemente ahí no queda todo. El 9 de diciembre, cuando la fiscalía anticorrupción de Huaraz dictó contra Morillo una primera orden de detención por nueve días, tampoco se permitió que Henry Borja reemplace al gobernador. A este respecto, la misma ley 27867 establece que, así sea por uno ó dos días de ausencia, este reemplazo es automático.
A través de una explicación que no convenció a nadie, empezando por ellos mismos, los consejeros regionales salieron a la prensa para decir que ellos estaban a la espera de que se confirme la orden de detención para recién entonces proceder de acuerdo a ley.
La detención de Morillo fue confirmada en todos sus extremos el 9 de enero, pero una vez más los señores consejeros se hicieron los desentendidos. Recién el 29, después de veinte días de innecesaria espera, acordaron la suspensión de Morillo, pero lo hicieron a regañadientes.
Aunque parezca increíble, para los miembros del consejo regional en Ancash no estaba pasando nada. Tuvo que venir desde Lima un equipo especial de fiscales para que recién se descubra y denuncie las irregularidades que venía realizando la gestión de Morillo, concretamente con el presupuesto enviado por el gobierno central para combatir la pandemia. De no haber sido así, Ancash continuaría en manos de Morillo o de Gina Gálvez. Increíble pero cierto.
Igual de increíble parece ser la convocatoria que acaban de hacer los miembros del consejo regional para este viernes 19 a fin de debatir si se admite o no el pedido de suspensión contra el gobernador encargado Henry Borja Cruzado. ¿De qué se le acusa? . De acuerdo con una carta enviada en abril del año 2019 por el ciudadano Víctor Mejía Bustos, la misma que acaba de ser desempolvada, el ahora gobernador encargado habría recibido una coima a cambio de direccionar la adjudicación de una obra.
Salvo la palabra expresa del señor Víctor Mejía, no existe ninguna prueba ni real ni aparente que respalde dicha denuncia, aún así los consejeros han aceptado a priori la posibilidad de investigar a Borja por supuesta “incapacidad moral”.
Revisando una vez más el texto de la Ley 27867, se advierte que la suspensión de un gobernador regional solo procede por las siguientes causales: 1) incapacidad física o mental debidamente acreditada, 2) mandato firme de detención derivado de un proceso penal, y 3) sentencia judicial condenatoria por delito doloso, confirmada en segunda instancia.
Como quiera que la causal de incapacidad moral no aparece en este contexto, quiere decir que la denuncia contra Henry Borja Cruzado ni siquiera puede ser admitida a debate. Para eso, tendría que ser previamente investigada por el Ministerio Público y sancionada por el Poder Judicial.
Eso significa que la sesión convocada para el viernes 19 solo será un saludo a la bandera o, en todo caso, una manera de trabajar al susto al nuevo gobernador, como parece ser la vocación favorita de los señores consejeros.
Como bien nos consta, algunos de ellos ya llevan alrededor de veinte años entornillados en el cargo. Han sido elegidos y reelegidos hasta en cinco oportunidades, en las que han aparecido muy orondos luciendo camisetas de distinto color político.
El mismo papel que acaban de jugar a favor de Morillo, lo han hecho anteriormente con César Álvarez, Waldo Ríos, Enrique Vargas y Luis Gamarra. Siempre han mostrado una cara para cada ocasión, por algo es llamado el consejo de las mil caras. No sería extraño entonces que ahora pretendan hacer lo mismo con Henry Borja. Gallina que come huevo, aunque le corten el pico.
En momentos en que la población ancashina enfrenta como puede los embates de alerta extrema, con un servicio de salud totalmente colapsado, los señores consejeros prefieren centrar su atención en el juego político. No sabemos a quién o quienes beneficia este juego, lo que si sabemos el enorme daño que le ha hecho y le sigue haciendo a la región.