Más o menos lo mismo que defenderse de un robo al paso, es tener que batallar ahora contra el cobro de una deuda ya cancelada o la aplicación de un interés mayor al acordado, algo que últimamente la mayoría de instituciones bancarias están exigiendo en forma indiscriminada a sus miles de clientes.
Lo lamentable de esta agresión cuasi institucionalizada, es que muchos de los afectados, cansados de reclamar sin ser atendidos, terminan por echar tierra al asunto. Miles de soles Pero no lo hacen porque el banco tenga la razón ni mucho menos. Lo hacen no solo para evitar una mayor pérdida de tiempo sino también para ahorrarse la impotencia de estar luchando por una causa más de las veces perdida. Miles de soles de sus ahorros, cuentas bancarias y tarjetas de crédito, terminan en manos del banco sin derecho a reclamo. Como siempre, el banco es el que tiene la sartén por el mango.
En más de una ocasión, los afectados creen ilusamente que la Superintendencia de Banca y Seguros podría ponerse de parte de ellos. Es de suponer que el código de ética de la institución y el compromiso comercial con el cliente así lo consigne. Pero, no. Ha tenido que ser el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, quien ha sacado la cara por los afectados.
Entre enero del 2020 y febrero del 2021, INDECOPI ha sancionado a diez instituciones bancarias por haber incurrido en esta clase de abuso contra sus propios clientes. Se trata del Banco de Crédito del Perú, Banco Ripley, Scotiabank, Banco BBVA, Creidscotia Financiera, Interbank, Ban Bif, Banco Falabella y Bancoi de la Nación. En conjunto, las multas aplicadas ascienden a 5 millones 739 mil soles.
Es imposible que las instituciones bancarias no adviertan que debido a esta controversia, y aparte de las multas que tienen que pagar al Estado, están perdiendo algo mucho más valioso: confianza y credibilidad. Estos valores morales, no precisamente monetarios, son los que determinan la fortaleza y solvencia de toda institución. La historia los tiene muy bien registrados.
217 HECTÁREAS PARA TENER CUIDADO
Una reciente noticia periodística da cuenta que al menos 15 de las 217 hectáreas del proyecto Chinecas que fueron invadidas a comienzos del 2014, ya tenían propietarios debidamente registrados. Éstos, como es lógico, han tenido que acudir a la justicia para hacer valer sus derechos adquiridos, lo que indica que, detrás de todo esto, hay más de un problema por resolver.
Como todos recordamos, a comienzos del 2014 el alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, promovió y patrocinó la invasión de esta gran extensión de tierras, con el argumento de facilitar un lote de vivienda a las familias más necesitadas. Para lograr su propósito, no tuvo problemas en conseguir el apoyo del gobernador regional Waldo Ríos Salcedo. En medio de la euforia política que se vivía en esos días y acompañado de Valentín Fernández, Waldo Ríos recorrió la zona invadida, dejándonos para el recuerdo una imagen registrada en miles de fotografías. De rodillas en la arena, mirando al cielo con los brazos en alto y poniendo a Dios de por medio, ofreció la inmediata titulación de los lotes.
El asunto es que quienes invadieron las 217 hectáreas, no llegaron con palos y esteras al hombro, ni cargando sus enseres en triciclos, como cualquier invasor común y corriente. No. Ellos llegaron a bordo de modernas camionetas 4×4, seguidos de trayleres y volquetes que transportaban ladrillo, fierro, cemento y agregados. Pues a diferencia de los invasores de a pie, quienes se contentan con 140 metros cuadrados para levantar sus ranchos, los invasores de las 217 hectáreas cercaron de un día para otro lotes de hasta 5,000 metros cuadrados.
Esto es algo que beberá tratar con mucho cuidado el área de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial del Santa, encargada de gestionar la eventual titulación de dichos ocupantes.
Hace poco recogimos una sugerencia que pareciera ser broma, pero más parece una cruda realidad. La única manera de ejecutar Chinecas es pidiendo su transferencia a Instituto Nacional de Desarrollo, INADE, tal como lo ha sucedido con Olmos, Gallito Ciego, Tinajones, etc. Sin embargo, si las tierras del proyecto de irrigación van a seguir siendo invadidas, para satisfacer fines y afanes políticos como hasta hoy, entonces lo más sensato sería pedir su transferencia al Ministerio de Vivienda. Así estaríamos evitando falsas expectativas.