Por: CPC SERGIO AGURTO FERNANDEZ
El sistema previsional en el Perú, desde tiempo atrás, se ha convertido en una suerte de laboratorio de experimentos sociológicos y financieros, teniendo como ingredientes: míseras pensiones, informalidad laboral y la falta de empleo, que son elementos nocivos que complotan para no encontrar la fórmula de la vacuna ideal (Jubilación con pensión aceptable). Vamos de ensayo en ensayo burocratizando el sistema, con la creación de instituciones encargadas de la administración de los fondos previsionales y que se fueron alternando en el tiempo, hasta llegar a la ONP de hoy. Todas ellas se dieron en el ámbito del sector público, monopolizando el sistema, a falta de competidores previsionales en el mercado.
Todo cuanto se ha creído “avanzar” en este tema, vemos una frustración en los hechos, porque no ha resuelto el meollo del problema: mejorar la calidad de vida del jubilado, aunque decir esto ya resulta siendo un imposible, en razón de que su expectativa de vida se desvanece, por la sobrecarga emocional, sin que nada se pueda hacer para evitarlo.
Detengamos por un momento la mirada para observar, cómo en horas de sol, un contingente de jubilados invaden las plazas públicas de todo el país, para recargarse de energías interactuando con sus homólogos. ¿Acaso esta es la demostración de que la población peruana acelera su envejecimiento?, ojala que no. Muchos miles de ellos se reúnen con la consigna de encontrar una ocupación remunerada, pese a la edad, para equilibrar el presupuesto familiar, en ausencia del auxilio económico que sólo un buen hijo lo puede brindar.
Con buen tino, algunos gobiernos de turno crearon los programas sociales, orientados a ayudar a la población vulnerable, a la que la “diosa fortuna” le dio la espalda, al negársele la oportunidad de incursionar en un emprendimiento, o el acceso a un empleo formal o a una jubilación digna, y ello como una forma de distribuir los excedentes del crecimiento económico del país. Todo esto, desde el punto de vista del ciudadano común, es plausible; pero desde el punto de vista del gobierno, sí que es un tema bastante complicado, sobre todo en época de escases, como ahora (Años 2020/2021), porque se trata de compromisos sociales que ya adquirieron la condición de “gastos ineludibles”, que difícilmente el gobierno los podrá desatender.
Hagamos algo inteligente ahora mismo en materia previsional, para disipar la incertidumbre que se cierne sobre la población, cuando se pregunta: cómo habrá de ser su situación después de cumplir los 65 años de edad, para no tener la ingrata experiencia de ser una carga para el Estado y no se tenga que tocar la puerta de los programas sociales. Si no se activan los mecanismos legales para hacer cambios en el sistema previsional, con seguridad que años después, veremos al Perú convertido en un país de ancianos indigentes, para vergüenza de las generaciones que nos sucedan.
Hay dos intentos de crear conciencia sobre este tema y que se viene esbozando como proyecto, uno que data desde 09-2020, presentado por la entonces Ministra de Economía María Antonieta Alva, cuando propuso como premio consuelo, otorgar una pensión para los trabajadores que no hayan completado los 20 años de aportación mínima que exige la ONP: 1) Con 65 años de edad, los trabajadores tendrán que cumplir con acreditar 10 años de aportes, pero sin llegar a los 15 años de aportes, para obtener el derecho a una pensión mensual de S/. 250.-, y 2) Con 65 años de edad, cumplir con acreditar cuanto menos 15 años de aportes, pero sin llegar a los 20 años de aportes, entonces tendrán derecho a una pensión mensual de S/. 350.- Este proyecto no llegó a prosperar por la renuncia de la ex Ministra Alva en 10-2020, y al parecer tal propuesta ya pasó al archivo.
El otro proyecto sobre el mismo tema, esta vez presentado por el actual Ministro de Economía Sr. Waldo Mendoza Bellido y que consiste en lo siguiente: Todos los trabajadores que tengan un mínimo de 17 años de aportes a la ONP, a fin de alcanzar los 20 años mínimos de aportación requerido y para alcanzar la pensión mínima de S/. 500.- mensuales, el Estado se compromete a otorgar a cada uno de ellos, un “préstamo previsional” reembolsable, para cubrir los aportes que faltan de estos tres años (De 17 a 20 años). Este préstamo será descontado de las futuras pensiones.
Con este último proyecto seguramente se pretende, desde el gobierno, hacer justicia a los miles de ciudadanos que vieron frustrados sus sueños de alcanzar una jubilación, más no así a otros miles, que rumiando su impotencia por tanta indolencia social, ya habrán partido al más allá a su encuentro con Dios. Aunque les queda un dinero acumulado de sus aportes, cuyos descendientes lo podrán reclamar judicialmente.
En estos dos intentos por revertir la mala imagen de la ONP, se aprecia el mismo común denominador: recurrir a los recursos del Erario Nacional, en razón de que hay una deuda que el Estado tiene con los afiliados a la ONP, al haber efectuado inversiones en obras públicas, de las que no se reembolsó ni el capital ni los intereses, descapitalizando a la ONP.
Como si esto no fuera suficiente, hay otro proyecto de reforma del sistema previsional, presentado por la Congresista Carmen Omonte, en su condición de Presidenta de la Comisión Especial de Reforma Previsional, que propone, entre otras cosas, la creación de una entidad pública que administrará un nuevo sistema de pensiones, cuyo extracto nos dice: Que los fondos pensionarios serán capitalizados bajo dos mecanismos diferentes: 1) El Fondo de Riesgo Individual será capitalizado por gestores privados, como bancos, AFP y otros gestores financieros, 2) Fondo de Riesgo Compartido, será capitalizado bajo el esquema de Fondo Consolidado de Reserva. Para los afiliados a las AFP, el proyecto señala que sus fondos pasarán al Nuevo Sistema Integrado Universal de Pensiones. Estos sólo son generalidades, omitiéndose lo específico por ser de engorrosa explicación.
Tenemos una opinión crítica al respecto, el proyecto en cuestión es una iniciativa personal de la Congresista, no avalado por su partido APP, cuyos argumentos ni siquiera convence a su propia bancada; a tal persona no se le reconoce méritos intelectuales en la materia como para darle credibilidad que la esencia del proyecto sea de su autoría. Cualquier persona medianamente informada, encontrará en dicha iniciativa legal, la conformación de una serie de instancias con conceptos rebuscados, no sabemos de dónde, y que al término de la lectura saldrá más confundido que cuando inició la lectura.
Está en manos del Gobierno (Ejecutivo y Legislativo), el promover que todos los peruanos tengan acceso obligatorio a un sistema previsional, sin importar la modalidad de pago de la remuneración (Planilla o por recibo) ni el tipo de renta que perciba, que puede ser de cuarta o quinta categoría, y también los de tercera categoría, en la que los propietarios también son trabajadores de su propio negocio.
Hay mucha normatividad legal por corregir, para que la jubilación funcione correctamente, porque así como está diseñado el sistema, atenta contra los derechos pensionarios de los trabajadores, y entre ellos están: 1) Elevar la tasa de aportes del 13% (ONP) a más del 20% para pretender alcanzar una pensión aceptable, porque la tasa del 13% es insuficiente; 2) Todas las remuneraciones deben ser pensionables, así se pague por recibo, debiendo aportar obligatoriamente a un sistema previsional; Además esta modalidad de pago por recibo, también debe generar derechos laborales (CTS, gratificación), cuando en forma gradual (20% del sueldo o bonos que se pagan por recibo), se vaya incorporando a planilla, lo que significa que al cabo de cinco años, ya no habrá pagos por recibo, porque todos estarán planillados; pero los aportes al sistema previsional, vía descuento en el recibo, se deben iniciar ya. 3) Se debe eliminar la “tercerización”, que por su apariencia pareciera no funcionar como tal, porque no existe la triangulación: empresa, service y trabajador, sino empresa (o Gobierno) y trabajador, y para el pago se emite una “orden de servicio” a nombre de cada trabajador, dándole una connotación de un servicio cualquiera y no de una remuneración. 4) De mantenerse los regímenes CAS y SNP, se debe obligar para que en el documento de pago, obligatoriamente se descuente un aporte previsional.
De admitirse nuestra sugerencia, con seguridad que va a contribuir a dinamizar el actual sistema previsional en sus dos vertientes: Público (ONP) y Privado (AFP), y por este efecto ya no correríamos la suerte de ser un país de ancianos indigentes.