Fiscalía de Huaraz solicita segunda medida coercitiva gravosa:
Fiscal Robert Rojas Ascón solicita 10 meses de prisión preventiva contra Gobernador Regional suspendido Juan Carlos Morillo.
Medida alcanza a otros ocho exfuncionarios de Región y empresaria, por presuntas irregularidades en obras COVID-19 en Huaraz.
La Fiscalía Anticorrupción de Huaraz solicitó formalmente un segundo pedido de prisión preventiva por 10 meses en contra del suspendido Gobernador Regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, ocho de sus exfuncionarios y una proveedora en la investigación que se les sigue por presuntas irregularidades en la construcción de ambientes y equipamiento médico para el Hospital de Huaraz durante la pandemia.
La solicitud firmada por el Fiscal Anticorrupción de Huaraz, Robert Rojas Ascón será ingresada hoy miércoles al Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Áncash.
La solicitud de prisión preventiva por un plazo de 10 meses está dirigida contra el suspendido gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa; sus ex funcionarios Jhonny Muñante Quispe, ex gerente general; Pedro Miguel Velezmoro Sáenz, exgerente regional de Infraestructura; Jiordano Renzo Alva Pinedo, responsable de la elaboración del IOARR y José Luis Milla Prieto, ex responsable de la Unidad Formuladora.
Además, Italo Brayan Kiyoshi Lon Kan Pérez, exencargado de la evaluación del IOARR; Juan Wilson Mendo Sánchez, exgerente de Administración; Ángel Enrique Velásquez Abanto, exsubgerente de Abastecimiento; William Percy Rojas Vereau, gerente de Estudios y Proyectos y la empresaria Gina Carol Chavez Pacchionni, representante legal de la empresa Inversiones Pacchionni e Ingenieros Contratistas SRL.
A todos ellos, se les investiga por la presunta comisión del delito de colusión agravada por presuntas irregularidades en la adquisición de equipamiento médico y construcción de infraestructura COVID-19 en el Hospital Victor Ramos Guardia de Huaraz.
También son investigados pero no se les ha solicitado ninguna medida coercitiva, Antonio Brigui Cerna Chuan, ex proyectista del componente infraestructura y los empresarios Franklin Valle Urcos, representante de la empresa Espectrum Ingenieros SAC; Maria Amezaga Castañeda, representante de la empresa Amezaga Arellano SAC Ingenieros; Eugenio Tume Tume, representantes la empresa Autoespar S.A y Marco Antonio Soria Huamán, representante de la empresa Bertonati Technologies S.A.
Según la Fiscalía Anticorrupción de Huaraz, se habrían concertado de manera clandestina para favorecerse con la obtención de la buena pro en la adquisición de equipamiento médico y construcción de infraestructura para el Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz generando un perjuicio económico de más de 1 millón 500 mil soles. (836 mil 526 soles en construcción y 732 mil 526 en equipamiento).
Según la imputación inicial, en todos los procesos de selección de manera directa se habrían pasado por alto una serie de requisitos que las empresas no cumplían, además de haber sobrevalorado los costos de cada bien adquirido y la construcción realizada.