Se veía venir. Hace dos días el fiscal anticorrupción de Huaraz, Robert Rojas Ascón, presentó ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Ancash, un nuevo pedido de prisión preventiva, esta vez por diez meses, contra el suspendido y encarcelado gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa.
El nuevo pedido de prisión preventiva tiene como fundamento la existencia de presuntas irregularidades que se han descubierto, tanto en la construcción de ambientes complementarios como en la adquisición de equipamiento médico para la lucha contra la pandemia del covid 19, todo ello en perjuicio del hospital Ramos Guardia de la ciudad de Huaraz.
La investigación fiscal que ha permitido arribar a esta presunción, da por descontada la concertación previa que ha existido entre el gobierno regional y la empresa proveedora para direccionar el otorgamiento de la buena pro; una modalidad de crimen organizado que ha sido y continúa siendo pan de cada día al interior del ente regional. Una especie de cáncer enraizado, hasta hoy imposible de extirpar.
En vista de la situación de emergencia sanitaria, la contratación de todas las obras y servicios que tienen que ver con la lucha contra el covid, ahora se realiza directamente, sin el requisito de licitación o concurso de precios. Pero eso no exime el acatamiento de otras exigencias entre las que figura la calidad, tanto de la obra como del servicio, y el cumplimiento de plazos.
Numerosos documentos que la fiscalía anticorrupción ha incautado en diversas dependencias del gobierno regional, prueban fehacientemente que aprovechando dicha concertación no solamente se han pasado por alto muchos de estos requisitos y compromisos, sino también que se habría incurrido en una descarada sobrevalorización de los costos. Con todos los antecedentes que el gobierno regional de Ancash carga sobre sus hombros, no se descarta que haya existido de por medio un jugoso reparto de coimas y prebendas.
Tanto en el caso del hospital de Chimbote como en el de Huaraz, la construcción de ambientes y la compra de equipamiento médico, fueron contratadas en agosto y septiembre del año pasado con el compromiso de concluir y entregar la obra en funcionamiento a más tardar en noviembre. No era un secreto para nadie que con motivo de las fiestas de navidad y año nuevo, íbamos a tener que enfrentar el embate de una segunda ola del covid.
Sin embargo, debido al incumplimiento de los contratos, hasta este momento las obras se encuentran inconclusas y paralizadas, reduciendo a su mínima expresión la capacidad hospitalaria de Ancash en la lucha contra la pandemia. El record de fallecimientos y contagios que se registran diariamente, nos releva de mayores comentarios.
Lo grave del caso es que el gobierno regional, lejos de exigir el cumplimiento del contrato y aplicar las penalidades correspondientes, simplemente trató de ocultar el sol con un dedo. Tuvo que ser un equipo de fiscales anticorrupción procedentes de Lima quienes intervinieron las oficinas del gobierno regional y formalizaron las respectivas denuncias, con los resultados que ahora ya todos conocemos.
Días previos a este nuevo pedido de prisión preventiva en su contra, los abogados de Juan Carlos Morillo Ulloa se apresuraron a presentar un recurso de habeas corpus en un juzgado de Lima Norte a fin de lograr su excarcelación. El recurso fue desestimado lo que significa que este pedido de prisión tendrá que afrontarlo en el penal Víctor Pérez Liendo de la ciudad Huaraz, donde se encuentra recluido.
Ancash confía que este crimen hospitalario no puede quedar impune.