Inicialmente fueron veintinueve los implicados del caso La Centralita que logaron darse a la fuga tan pronto como el Poder Judicial dictó orden de captura en su contra. A no dudarlo, fue una verdadera fuga en masa. Actualmente son doce los que todavía se mantienen en la clandestinidad, sacándole la vuelta a la ley como si nada estuviera pasando.
Entre ellos figuran Milagros Asián Barahona, esposa del cabecilla de la organización criminal César Álvarez Aguilar; Luis Arroyo Guevara, asesor legal y vocero del ex titular de la región; Pamela Bermúdez Rodríguez, ex gerenta de la Sub Región Pacífico; y los comunicadores empíricos Rosa Olivares de la Cruz y Luis Villaverde Robles, solo por citar a los más mencionados.
Pero, a parte de ellos, también hay otros prófugos como la ex alcaldesa provincial Victoria Espinoza García y su sucesor en el cargo Julio Cortez Rojas, ambos sentenciados por corrupción en agravio de la Municipalidad Provincial del Santa. En igual situación permanece el empresario constructor Jack Castillo Castillo, uno de los contratistas favoritos de César Álvarez, sentenciado a 25 años de prisión por ser autor intelectual del asesinato del fiscal de Casma Luis Sánchez Colona.
Y recientemente, a esta larga relación de fugitivos se ha sumado la empresaria Ninel Romero Bartusiak, encausada conjuntamente con el gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa, por las irregularidades halladas en la construcción de ambientes para pacientes Covid 19 en el Hospital Regional de Chimbote.
En cumplimiento de los protocolos sanitarios adoptados con motivo la pandemia, el Poder Judicial ha dispuesto que las personas citadas para comparecer en una diligencia, puedan hacerlo de manera virtual, como en efecto ya está ocurriendo.
Empero lo que aún no ha quedado claro es si este beneficio procesal también le asiste a quienes se encuentran en calidad de prófugos de la justicia y, por consiguiente, en rebeldía contra la ley. ¿Puede un procesado ejercer su derecho a la defensa sin antes haberse puesto a disposición de la justicia?. Si fuera así, y en opinión de profesionales entendidos en derecho procesal penal, esta posibilidad representa un vacío legal que debe ser aclarado oportunamente. Para decirlo en buen castellano, es necesario separar la paja del trigo.
Como se recuerda, en septiembre del año pasado y hallándose en calidad de prófugo de la justicia por más de un año, el ex alcalde de Nuevo Chimbote Valentín Fernández Bazán logró ser absuelto de un proceso seguido en su contra por asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.
Hasta este momento no se sabe cuánto tiempo más se prolongarán las medidas sanitarias y por consiguiente la vigencia de las audiencias virtuales, razón por la cual ya es hora que se aclare esta situación para una mejor administración de justicia y una correcta defensa por parte de los propios encausados. La vara de la ley tiene que medir a todos por igual.
Ello no obstante y en medio de esta coyuntura todavía confusa, también urge que la Policía Nacional se esmere en dar con el paradero de tantas personas que, por tanto tiempo, permanecen en la clandestinidad dando la sensación que aquí todo es posible. Pues a este paso, cualquiera diría que la ley de la fuga se ha convertido en un juego a las escondidas.