Por: Víctor Andrés Ponce (*)
La Comisión de Constitución del Congreso aprobó por 12 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones, modificar la tercera disposición transitoria del Reglamento del Congreso para convocar a una cuarta legislatura para el periodo de sesiones 2020-2021. El objetivo parece ser aprobar las reformas constitucionales acerca de la bicameralidad y la cuestión de confianza, entre otras iniciativas.
No obstante que Fuerza Popular votó en contra de esta iniciativa, en el acto, el antifujimorismo visceral en las redes intentó convertirlo en un asunto de campaña electoral en el preciso momento en que Perú Libre –ante la evidente caída en las encuestas– comienza a hablar de fraude y a promover huelgas generales antes de la segunda vuelta electoral.
Mal momento y grave error para procesar las reformas constitucionales. Modificar el reglamento para reformar la Constitución significaría poner en agenda de la campaña electoral un asunto de reforma constitucional y obligaría a los candidatos a pronunciarse en uno u otro sentido. Obviamente, el gran favorecido sería Pedro Castillo, quien sumaría un argumento más a favor de su propuesta de convocar a una asamblea constituyente.
Tal como están planteadas las cosas, lo correcto es que la campaña electoral se polarice entre la propuesta totalitaria y anticonstitucional que busca forzar una asamblea constituyente al margen de la Constitución de 1993, y el planteamiento democrático que propone reformar el texto constitucional sobre la base de los preceptos de la Carta Política. Proceder a reformas constitucionales –modificando el reglamento– cuando ya ha sido elegido un nuevo Congreso y en medio de una elección nacional, es entregar municiones al enemigo.
De otro lado, proceder a modificar el Reglamento del Congreso para facilitar una reforma constitucional, igualmente es caer en las mismas triquiñuelas que utilizó el expresidente Martín Vizcarra para convocar al referendo que destrozó el sistema constitucional. Aprovechando la ventaja de una popularidad circunstancial, Vizcarra se convirtió en un caudillo plebiscitario que impuso reformas constitucionales (pese a que la Constitución le negaba expresamente esa facultad) que envilecieron el sistema político: la no reelección de los parlamentarios, la negativa a un Senado y la prohibición de contratar publicidad privada en radio y televisión.
De alguna manera hoy el sistema republicano padece los despropósitos de esa reforma constitucional. Sin embargo, superar esta barbarie constitucional, solo puede ser posible siguiendo los cánones establecidos para la reforma constitucional por las grandes tradiciones republicanas. Es decir, no se trata de un asalto constitucional, promovido por un caudillo, mayorías circunstanciales y “académicos” sin responsabilidad, sino de un proceso de construcción de acuerdos y consensos constitucionales para el largo plazo.
Al respecto, el constitucionalista Domingo García Belaunde ha propuesto la necesidad de que el próximo Legislativo designe una comisión de personalidades e intelectuales dedicados al derecho constitucional que, en el plazo de un año y a través de debates y polémicas en la sociedad, formule una propuesta integral de reconstrucción institucional. A nuestro entender, la única manera de preservar el texto constitucional de las barbaries constitucionales y el asalto de masas que ha padecido el sistema republicano.
El actual Legislativo, entonces, debería ocuparse de designar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y dejar las reformas constitucionales para la organización y el desarrollo de acuerdos y consensos amplios. En estos menesteres la necesaria prudencia –a diferencia de la estrategia del asalto constitucional– no solo debe provenir de la certeza de que el texto constitucional es lo permanente, sino también del terrible momento de esta segunda vuelta electoral, en que los peruanos enfrentamos la disyuntiva de libertad o totalitarismo.
(*) Director de El Montonero
(www.elmontonero.com.pe)