A mediados del año pasado, cuando la primera ola del covid 19 ya se había convertido en una amenaza de alcance masivo y se hallaba completamente fuera de control, vimos con total impotencia que el porcentaje más alto de contagios y fallecimientos correspondía al grupo de personas adultas mayores de 60 años. Conforme fueron pasando los días, este nivel de incidencia se mantuvo en aumento sin distingos se ubicación geográfica, ni de condición económica o social. El pánico se hizo universal.
A pesar de todo, el mayor impacto de este alto porcentaje recayó en los adultos mayores que se encuentran en situación vulnerable, es decir en aquellas personas de la tercera edad que viven en condición de pobreza y abandono total, sin familiares que cuiden por ellos y solo asistidos esporádicamente gracias a la caridad de algunos vecinos o personas de buen corazón.
Frente a los estragos causados por este enemigo invisible, hasta entonces sin precedentes y sin remedio conocido, varios organismos internacionales se sumaron a la búsqueda de algunas acciones de gobierno que pudieran contribuir a detener el avance del mal, particularmente en este último grupo de personas vulnerables.
Ha sido a partir de esta coyuntura que la Organización de Estados Americanos, OEA, solicitó a los países miembros del continente la presentación de iniciativas gubernamentales bajo la sucinta premisa “Buenas Prácticas sobre los Grupos en Situación de Vulnerabilidad en el Contexto del Covid 19”. Las propuestas debían especificar al detalle qué tipo de acciones debían llevarse a cabo, haciendo hincapié en el grado de factibilidad de tal manera que los esfuerzos no sean en vano.
En el caso del Perú, la propuesta presentada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables bajo el título “Servicio de Medidas Integrales para Personas de 60 Años a Más”, obtuvo uno de los primeros reconocimientos y ha sido incluida por el gobierno como programa oficial a nivel nacional.
Como se lee textualmente, la iniciativa tiene como objetivo fundamental “garantizar y restituir los derechos de las personas adultas mayores en situación de riego, con enfoque generacional”. Esos derechos no pueden ser otros que la atención sostenida por parte del estado a través de acciones de salud, que incluye tratamiento sicológico y asistencia legal.
El pasado viernes, en el vecino distrito de Santa fue instalada la primera sede desconcentrada de este programa nacional, la misma que ya está funcionando en estrecha coordinación con la Beneficencia Pública de Chimbote.
El acto contó con la presencia de la vice ministra de Poblaciones Vulnerables, Cynthia Vila Ormeño, y de las principales autoridades de la provincia del Santa. Fue inevitable que una vez más acuda a nuestra memoria el antiguo ofrecimiento de la construcción de un asilo de ancianos que hasta hoy no tiene cuándo concretarse.
Por lo menos los adultos mayores de 60 años, que nunca antes han recibido ningún tipo de ayuda, han visto con merecido beneplácito que su derecho a recibir una atención del gobierno, ha sido restituido. Nada más justo y necesario.