Hace algunos días, en el lapso de tan solo un mes, dos abogados de Chimbote han sido sentenciados penalmente por el delito de tráfico de influencias al haber solicitado a sus patrocinados fuertes sumas de dinero supuestamente para sobornar a jueces y fiscales, una práctica que es tan antigua como el ejercicio mismo de la jurisprudencia. En ambos casos la sentencia dictada por el poder judicial tienen el carácter de prisión suspendida, pues ambos abogados, que saben cómo jalar agua para sus molinos, se acogieron oportunamente a la figura legal de terminación anticipada, salvándose de pasar una buena temporada tras las rejas.
Lo que no se conoce, al menos de manera oficial, es si el Colegio de Abogados de Chimbote, al que pertenecen ambos profesionales, ha cumplido con su deber de aplicar las sanciones de carácter institucional que para estos casos establece su respectivo código de ética. Nada podría ser mejor para el Colegio de Abogados que dar a conocer su posición respecto a este delicado caso, no solo por el compromiso moral que tiene con la sociedad civil en su conjunto, sino también para deslindar posiciones y salvaguardar el decoro de los miembros de la orden que nada tienen que ver con estas malas prácticas.
En todo caso, lo único que ha trascendido de esta institución en estos últimos meses es el nombramiento sucesivo de dos de sus últimos decanos como titulares de la Dirección Regional de Trabajo que, como se sabe, depende del Gobierno Regional de Ancash.
Esta situación nos ha llevado a dar una mirada a la labor que realizan los colegios profesionales en Chimbote. Por ejemplo, hasta el momento no se ha escuchado ningún pronunciamiento ni llamado de alerta por parte del Colegio de Ingenieros con relación a las obras que ejecutan el Gobierno Regional de Ancash, la Municipalidad Provincial del Santa y las ocho municipalidades distritales de esta jurisdicción. Muchas de estas obras, sino todas, adolecen de una serie de graves deficiencias en cuanto a calidad del material, ejecución presupuestal y cumplimiento de plazos, que bien pudieron ser advertidas a tiempo pero lamentablemente no fue así. Por coincidencia, como ha sucedido en el caso de los abogados, también dos ex decanos del colegio de Ingenieros han terminado como funcionarios del gobierno regional y la comuna provincial.
Algo más o menos parecido ha ocurrido con el Colegio Médico cuyos dirigentes tampoco dieron una voz de alerta sobre las deficiencias en la ejecución de obras e instalación de equipos que se llevó a cabo en los hospitales Regional y La Caleta a efectos de afianzar la lucha contra la pandemia del covid 19. En todos estos casos ha tenido que ser la Contraloría General de la República el ente encargado de poner al descubierto y denunciar estas graves anomalías.
Por mucho que se diga que toda comparación es una ofensa, no se puede negar que el único colegio profesional que ha puesto las manos al fuego por Chimbote es el Colegio de Arquitectos. En enero del presente año, el decano de esta institución, Edgar Tapia Palacios, no dudó un instante en denunciar penalmente a la Municipalidad Provincial del Santa así como a la Corte Superior de Justicia del Santa, por haber autorizado y llevado a cabo, respectivamente, la invasión de 200 metros cuadrados del espacio público denominado Paseo de la Cultura. De acuerdo con la denuncia formulada por el Arq. Tapia, este es un atentado contra el patrimonio urbano de la ciudad, tipificándose los delitos de abuso de autoridad y usurpación agravada. Nadie se explica por qué, después de haber transcurrido seis meses, la denuncia todavía permanece encarpetada en el Ministerio Público.
El propósito de este comentario no es otro que resaltar el compromiso que tienen los colegios profesionales no solo con el grupo humano al que representan sino también con la sociedad civil a la que se deben, en este caso a la ciudad de Chimbote.