Gracias a un convenio celebrado entre la Municipalidad Distrital de Nepeña y el Instituto Nacional Penitenciario, INPE, un grupo de reos sentenciados por delitos menores, quienes se encuentran bajo el régimen de libertad vigilada, cumplieron la semana pasada con su obligación de servicio a la comunidad realizando labores de limpieza en la zona aledaña al centro poblado de Cerro Blanco.
Más allá de contribuir con el mejor aspecto y el ornato de ese importante sector del valle de Nepeña, la acción desarrollada por este grupo de personas tiene la virtud de haber contribuido con la consecución de un objetivo aún más elevado como es la rehabilitación social de sus propios protagonistas.
En su declaración de principios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que está adscrita el Perú, consagra el precepto de que toda persona privada de su libertad, cualquiera que sea el motivo, tiene derecho a ser tratada humanamente, debiendo por consiguiente respetarse su dignidad lo mismo que su integridad física, sicológica y moral.
Si bien la justicia se encarga de castigar a cualquiera que sea que comete un delito, ese castigo conlleva la obligación por parte de la autoridad de procurar una rehabilitación social a favor del sentenciado. Si no, no sería justicia.
Con las excepciones de rigor, son muchas las personas que reciben una pena por haber incurrido involuntariamente en un error o haber cometido delitos menores. En este caso, el propósito de la pena es evitar que se vuelva a cometer el mismo error y para eso existe el principio de una nueva oportunidad. La justicia no tiene porque ser una forma de venganza.
Lamentablemente el sistema carcelario del Perú no responde en la práctica a este propósito. Lo que prima en su metodología es únicamente el aspecto represivo y no precisamente el propósito reivindicativo. Si a ello sumamos la sobrepoblación que registran sin excepción todos los penales del país y el hecho de ser las cárceles las mejores escuelas del delito, nos encontramos ante un panorama tétrico y desolador que hace tiempo exige ser reformulado.
En este panorama, el programa de rehabilitación social que lleva a cabo el INPE a través del servicio a la comunidad, merece todo el respaldo de la sociedad organizada como acaba de hacerlo la municipalidad de Nepeña.
Con toda seguridad, la acción cívica recientemente desarrollada va a permitir a sus protagonistas experimentar la satisfacción de ser útil a la sociedad y de saber que su familia, sus amigos y los beneficiarios de la acción cívica comparten la misma satisfacción. Eso es lo que más importa, que la razón de la justicia sea, ante todo y por encima de todo, la rehabilitación social.