Por: Víctor Andrés Ponce (*)
Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara como presidente electo a Pedro Castillo –al margen de los cuestionamientos– existe una primera obligación de parte del proclamado: ponerse en la condición de jefe de Estado y restablecer la paz social alterada por la negativa del JNE de contrastar las actas cuestionadas con el padrón electoral y por la propuesta de convocar a una constituyente.
A estas alturas, a nuestro entender, ¿qué significa para Pedro Castillo ponerse en la condición de jefe de Estado? Entender que un mandatario no gobierna para un sector del país y que no puede subordinar las políticas públicas a criterios estrictamente ideológicos. En ese sentido, el presidente proclamado debería descartar la convocatoria a una asamblea constituyente como una manera de informar al país que respetará la Constitución, en base a cuyas instituciones y procedimientos llegó al poder.
Si Pedro Castillo asumiera ese criterio, en el acto se restablecería la tranquilidad nacional y el Perú volvería a sumergirse en la construcción de sus instituciones, en el proceso de crecimiento y reducción de pobreza. Pero si no se descarta la convocatoria de la constituyente, que es la mejor manera de rechazar cualquier camino de expropiación de la propiedad –ya sea pequeña, mediana o grande–, el Perú seguirá avanzando por los caminos de la confrontación política y social con desenlaces inciertos e inesperados.
De igual manera, la nueva autoridad electa debería conformar un gabinete que exprese, sobre todo, la continuidad del modelo económico basado en la inversión privada y en los mercados desregulados. Es evidente que el señor Castillo tiene el derecho de afirmar sus posiciones de izquierda. Nadie puede cuestionar ese derecho. Sin embargo, persistir en la constituyente es seguir afirmando que el gobierno de Castillo no solo ha llegado al gobierno, sino que pretende construir un poder alternativo al sistema republicano consagrado en la Constitución.
El Estado necesita ser reformado para redistribuir la riqueza nacional que se queda en los ministerios, en los gobiernos regionales y locales. El actual Estado maneja la mayor cantidad de recursos fiscales de nuestra historia republicana gracias al pago de los impuestos del sector privado. Sin embargo, esa riqueza no se expresa en mejores carreteras, en mejor conectividad, en escuelas ni en postas médicas porque los burócratas del Estado han estado más interesados en estrategias de información y desinformación. Y también en mantener sinecuras ideológicas de una clase media artificial, surgida de las relaciones del Estado, no de la inversión y la productividad.
En la reforma del Estado y la posibilidad de redistribuir la riqueza nacional podría estar una justa afirmación de una opción de izquierda democrática que respete la Constitución. En cualquier caso, señor Castillo, usted tiene la palabra.
Reflexionando sobre estos temas quizá valga recordar que la causa principal de esta grave crisis del sistema republicano es la guerra política que empezó con la caída del fujimorato. Recrudeció de gravedad con el enfrentamiento entre Fuerza Popular y el partido PPK, un enfrentamiento de derechas que encumbró al poder a Martín Vizcarra. A partir de ese hecho la desinstitucionalización del sistema republicano se profundizó y la crisis avanzó con la administración interina de Francisco Sagasti.
Vizcarra y Sagasti optaron por la continuidad de la guerra política, cuando ambos tenían la posibilidad de convertirse en los mandatarios de un gran encuentro nacional, cuando ambos podían convertirse en autoridades de todos los peruanos. Sin embargo, ambos nos dejan un país enfrentado, dividido en dos sectores que parecen irreconciliables y con una economía que ya ha dejado de ser el milagro económico de ayer.
Por todas estas consideraciones, señor Castillo, descarte la constituyente y la colectivización de la economía y convoque a la unidad nacional, la única manera de seguir creciendo y continuar reduciendo la pobreza.
(*) Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)