El pasado lunes, el director ejecutivo del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, Dr. César Acevedo Orellano, acudió personalmente ante la fiscalía anticorrupción para denunciar penalmente a tres funcionarios que laboran en el área administrativa de ese nosocomio por presuntamente haberse coludido para favorecer a una empresa que se iba a encargar del mantenimiento de la caldera a vapor con el que cuenta este hospital.
La denuncia tiene como sustento un informe de la Contralaría General de la República, donde se advierte que la contratación de dicho servicio se ha realizado gracias a la presentación de documentos falsificados. Conforme se lee textualmente en el referido documento, esta grave irregularidad afecta la transparencia, probidad, calidad y ejecución oportuna del servicio de emergencia sanitaria Covid 19.
En el mismo informe, el órgano de control da cuenta asimismo que la actividad principal y secundaria de la empresa Construcciones Nuevo Mundo, a la que se adjudicó el servicio de mantenimiento, no son afines con el servicio objeto de la contratación. Claro, no se puede aceptar que un sastre haga de zapatero y viceversa.
Entre los funcionarios denunciados por el director del nosocomio se menciona al jefe de la Unidad de Logística, de igual modo al jefe de Servicios Generales y asimismo al coordinador del equipo de Programación y Adquisiciones. Obviamente se incluye al representante legal de la empresa Construcciones Nuevo Mundo.
Como se puede advertir, además de la presunta colusión en agravio de la institución, se habría incurrido en el delito contra la fe pública, dos faltas que, para decirlo en términos de salud administrativa, se han convertido en una pandemia que hace muchos años corroe las entrañas de más de una institución del estado, con mayor incidencia en el caso de la región Ancash.
Como si fuera pan de cada día, cada obra o cada servicio que se contrata con fondos del erario nacional, se realiza más de las veces a la sombra de arreglos bajo la mesa, que luego terminan en escándalos, con obras o servicios mal ejecutados y sobrevalorados.
Detrás de estas operaciones turbias, siempre aparece la mano de funcionarios expertos en sacarle la vuelta al reglamento del Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado, OSCE. Si una empresa no cumple con las exigencias de dicho reglamento, fácil ¿para qué existe la clonación?. Eso lo saben muy bien los proveedores, quienes para asegurar la contratación de una obra o servicio, no tienen ningún problema en adelantar parte del consabido diezmo.
Por casos como éste, son muchos los funcionarios públicos de la región Ancash que están pagando sus deudas con la justicia, empezando por el propio gobernador regional. Ya es tiempo de ponerle fin a esta situación porque, como dice el refrán, es mejor cortar por lo sano y poner el parche antes que salte la pus. Con la salud no se debe coludir.