Por Jessica Luna (*)
La pandemia agudizó algunos serios problemas de nuestro país, como la informalidad y el subempleo. Miles de familias perdieron el sustento de sus hogares y cerca de 10 millones de peruanos son pobres y luchan día a día por sobrevivir. Se hicieron más evidentes los grandes retos que tenemos como país: reducir las brechas sociales y mejorar la calidad y la cobertura de servicios públicos como salud y educación. Enfrentamos el desafío de construir un crecimiento más inclusivo. El pueblo tiene esperanzas y materializarlas debe ser la prioridad.
Para ello se requiere, por un lado, mejorar las condiciones para que los peruanos encuentren un empleo o puedan invertir en un negocio, hacerlo crecer, y soñar con un mejor futuro para sus familias. Hoy, esto no es posible. Tenemos un entorno económico y político con alta incertidumbre y desconfianza que tiene a la inversión privada paralizada, desde el emprendedor con un puesto en un mercado hasta el gran empresario. Nadie sabe si las reglas de juego van a cambiar y somos espectadores de contradicciones, populismo y enfrentamiento de autoridades, que solo proyectan un futuro incierto para nuestro país. Con incertidumbre no habrá inversión ni empleo, y se agudizará la pobreza.
Por otro lado, se necesita un Gobierno con liderazgo, que ponga al Estado a trabajar en favor de todos los peruanos, enfocado sobre todo en proveer servicios públicos de calidad en cada rincón del país. Los recursos que se generan por el pago de impuestos de ciudadanos y empresas deben traducirse en obras para el pueblo, como escuelas, postas, hospitales, carreteras, seguridad y otros. Sin embargo, hoy se nombran autoridades y funcionarios poco capacitados y con serios cuestionamientos, que difícilmente podrán mover a un Estado que ya es paquidérmico y burocrático.
A ello se suma que el proceso de descentralización no ha tenido los resultados que se esperaban y solo ha generado más burocracia, corrupción e inoperancia en perjuicio de los más pobres. En el 2020, los Gobiernos regionales y locales solo invirtieron un 65% y un 50% de los recursos para inversión pública, respectivamente. Dinero hay, pero las obras no llegaron debido a la ineficiencia de nuestras autoridades.
Se está jugando con las esperanzas del pueblo, pues no se están dando las condiciones para que los peruanos tengamos más oportunidades, más empleo y podamos reducir la pobreza. El peruano quiere trabajo, no bonos. A ello se suma una propuesta de nueva Constitución que no solo no solucionará los problemas de la población, sino que significará 2 o 3 años dedicados a ello, con lo que se retrasarán aún más la recuperación económica y la generación de empleos.
(*) Publicado en Septiembre 24, 2021 / Semanario 1091 Comex – Editorial