Haciendo honor al bien ganado título de la región más corrupta del país después de Lima y Callao, un total de 110 funcionarios y servidores públicos de la región Ancash se encuentran en este momento siendo procesados por presuntamente haber incurrido en faltas penales, civiles y/o administrativas en agravio del estado y, por consiguiente, de la propia región Ancash.
Esta triste y al mismo tiempo inocultable aseveración, que después de todo ya no tiene porque llamarnos la atención, acaba de ser proporcionada en forma oficial por el titular de la Contraloría General de la República, Nelson Shack .
Luego de un prolongado y minucioso trabajo de peritaje técnico y contable, el principal órgano del control del estado ha podido establecer, con toda crudeza, la rigurosidad de estas cifras, las mismas que una vez más llenan de vergüenza y dejan cubierta de lodo la imagen de nuestra ya maltratada región Ancash.
Tras haber identificado con nombre propio, signos y señales, a los responsables de esta infame manera de “servir” al estado, la Contraloría ha derivado el caso de estos 110 funcionarios y servidores a la Procuraduría Pública de la Nación. En nombre de la salud moral del país, este organismo será el encargado de entablar las acciones legales contra estos servidores ante el Ministerio Público y el Poder Judicial,
Sin embargo, debido a la carga procesal que soportan estas dos últimas instituciones y mientras no exista de por medio una sentencia jurídica, oleada y sacramentada, la mayoría de estos funcionarios y servidores todavía se mantienen en sus puestos como si nada hubiera pasado. Pero eso no es todo. Cualquier funcionario público que está siendo procesado por alguna irregularidad cometida en el desempeño de sus funciones y que sigue ocupando el mismo cargo, tiene a su alcance todas las prerrogativas habidas y por haber para borrar las huellas del delito. ¿O no?.
Atrás ha quedado la época en que la Contraloría General de la República tenía en sus manos las facultades para sancionar y suspender en sus cargos a estos angelitos mientras eran investigados. Las cosas que están mal, se cortan por lo sano. Sin embargo, en una decisión que debilitó al extremo la lucha contra la corrupción, hace seis años el Congreso de la República suspendió esta facultad a la Contraloría. Como es fácil de imaginar, esta decisión de los llamados padres de la patria fue recibida con aplausos por miles de funcionarios acusados de corrupción.
Recién a partir del 1° de enero del próximo año, la Contraloría recuperará esta facultad y con ello no solamente serán 110 sino muchos más servidores públicos de Ancash que tendrán que pagar ante la justicia por todo el daño que le han causado a la región.
Como consecuencia de la corrupción, son más de 500 las obras sobrevaloradas, mal ejecutadas y abandonadas que existen en todo Ancash. Se calcula asimismo en más de 50 mil millones de soles el daño económico y ya irrecuperable que eso representa. Eso demuestra porque el ADN de la corrupción aún está presente en Ancash.