Con la firme creencia de haber hecho realidad el sueño de la casa propia, hace 7 años un numeroso grupo de familias chimbotanas obtuvieron mediante sorteo con presencia del Notario Magan, módulos de vivienda ubicados en Nuevo Chimbote a la empresa inmobiliaria Urbi Propiedades. Este sorteo fue impulsado por la Municipalidad de Nuevo Chimbote y contó con la aprobación de Urbi Propiedades.
Pero, luego que las familias cumplieran con acertar la necesidad de vivienda y cuando todas ellas esperaban la entrega de los módulos en condiciones habitables y con los documentos en regla, esto nunca sucedió. Conforme ha trascendido, Urbi Propiedades avaló un sorteo ante notario público pero nunca hizo más. Todo quedó en el aire, una verdadera injusticia.
Desde entonces, con toda la razón del mundo las familias se han pasado siete años reclamando a Urbi Propiedades el cumplimiento de este trámite de entrega de sus módulos, pues sin dicha documentación, legalmente estas familias no son dueñas de nada y por consiguiente no pueden ni siquiera gestionar la instalación de los servicios de agua y luz. Después de haber reclamado públicamente, a costa de muchos sacrificios ¿como pueden ser burlados hasta ahora?
Para este numeroso grupo de familias, el sueño de la casa propia todavía sigue siendo eso: un sueño y nada más. Por desgracia, las páginas de la historia inmobiliaria del Perú están llenas de casos como éste.
A pesar de ello, la angustia y desesperación de estas familias fue mucho mayor cuando cierto día advirtieron que el cartel de Urbi Propiedades había sido retirado del local que esta empresa venía ocupando junto a Plaza Vea, y en su lugar aparecía otro cartel con la razón social Inmobiliaria El Pino, sin que nadie les brindara la menor explicación. La sensación de sentirse estafadas se apoderó de ellas.
Fiel a nuestra norma de atender y transmitir los reclamos de la ciudadanía, el sábado de la semana pasada el DIARIO DE CHIMBOTE publicó una información titulada “Beneficiarios de módulos de Urbi protestan porque no entregan lotes”. Con toda la objetividad del caso, en ella dimos a conocer que los reclamantes acudieron a las oficinas de Inmobiliaria El Pino a expresar su malestar por dicho incumplimiento.
Pero grande fue nuestra sorpresa cuando un día después, el representante de Inmobiliaria El Pino envió a este medio una “carta de rectificación” afirmando que ellos no tienen nada que ver en el asunto.
No estaría de más que la fiscalía de prevención del delito inicie una investigación de oficio a fin de deslindar toda responsabilidad. De ninguna manera se puede jugar así con el derecho a la vivienda que le asiste a este numeroso grupo de familias. Siete años de burla son más que suficientes.