En una reunión realizada este martes de la presente semana, funcionarios de la gerencia de Desarrollo Económico; gerencia de Educación, Cultura y Turismo y del área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial del Santa, han asumido, esperemos que con la mano en el pecho, la temeraria iniciativa de autorizar la realización de todo tipo de fiestas y celebraciones en restaurantes y locales de recepción.
De esta manera, de ahora en adelante y bajo responsabilidad de la comuna provincial, se podrán llevar a cabo fiestas de matrimonio, cumpleaños, promociones escolares y reuniones similares en cualquier lugar de la provincia del Santa, tal como sucedía antes de producirse la pandemia.
Según los funcionarios municipales, estas reuniones se llevarán a cabo respetando con todo rigor los protocolos de aforo, distanciamiento y seguridad. Pero, por todo lo que estamos viendo, a la hora en que estas fiestas alcanzan su máximo desenfreno, tales recomendaciones terminan siendo letra muerta.
Pero hay otra cosa que los funcionarios municipales no han dejado muy en claro. En ningún momento han dicho si la decisión que han adoptado cuenta con el respaldo de las autoridades del Sector Salud o es una decisión estrictamente unilateral. Pues ante la situación de emergencia sanitaria que rige en todo el país, creemos que cualquier decisión de esta naturaleza debería contar con el visto bueno de las autoridades correspondientes. Salvo que estemos equivocados.
Poniéndonos en el supuesto caso que estas reuniones generen un repunte de contagios, que obviamente nadie desea, no van a ser los funcionarios municipales quienes asuman la responsabilidad de proveer las camas UCI y los balones de oxigeno. Como se dice en lenguaje popular, quienes van a tener que cargar con el muerto van ser las autoridades del sector salud.
No se puede negar el derecho al trabajo que le asiste a los propietarios de estos locales de diversión, pues económicamente hasta hoy continúan siendo los más afectados por la pandemia. Sin en embargo, tampoco se puede negar que estos lugares representan el más alto riesgo para la propagación del virus y su normal funcionamiento es algo que todavía está muy lejos de poder autorizarse. Peor aún, si tenemos en cuenta que uno de los gerentes municipales que han tomado el referido acuerdo, es propietario de un conocido local de diversiones situado en Nuevo Chimbote. Hecho que devendría en un cuestionable conflicto de intereses.
Como se recuerda, hace un año, igualmente con la excusa del derecho al trabajo, se permitió en vísperas de navidad y año nuevo la invasión del centro de la ciudad por parte de miles de comerciantes informales. El resultado no se hizo esperar y todos sabemos lo que sucedió con la llegada de la segunda ola.
Un error puede cometerlo cualquiera, pero cometer dos veces el mismo error es algo que no se puede perdonar.