Editorial

RATIFICAN SENTENCIA A LOS AUTORES DEL MONUMENTO A LA CORRUPCIÓN

Conforme lo advirtió desde un primer momento el DIARIO DE CHIMBOTE y tal como lo hemos venido reiterando en más de una oportunidad, el coliseo cerrado “Gran Chavín”, una de las tantas obras sobrevaloradas y abandonadas por el gobierno regional de Ancash, tarde o temprano iba a quedar convertido en el más imponente monumento a la corrupción.

No obstante la existencia de otras obras, incluso más costosas y que se encuentran en la misma o peor situación, es el coliseo cerrado “Gran Chavín” el que simboliza la etapa más negra y escandalosa del proceso de corrupción que todavía impera en los predios del gobierno regional de Ancash.

Como no sucede en ningún otro caso, es en esta obra emblemática donde convergen, de la manera más ruin y descarada,  todos los vicios que la corrupción es capaz de engendrar. Para comenzar y hablando en buen castellano, en el 2010 la obra no fue adjudicada sino direccionada por altos funcionarios del gobierno regional, conforme ha quedado establecido en el proceso judicial del que viene siendo objeto. El presupuesto aprobado por el MEF fue de 33 millones de soles y el plazo de ejecución de año y medio, lo que significa que el coliseo cerrado “Gran Chavín” debió quedar totalmente concluido a mediados del  año 2011.

Pero como todos sabemos, en mayo del 2013, días antes de caer en manos de la policía, un compungido César Álvarez, ya sin las ínfulas ni la prepotencia de otros tiempos, apareció en los medios de comunicación para pedir disculpas a la población por no haber podido concluir la obra, según él, por culpa del MEF.

Después de tres años de ejecución, el coliseo cerrado  registraba apenas el 20 por ciento de avance, todo ello a pesar de haberse invertido hasta ese momento el 80 por ciento de su presupuesto. ¡26 millones despilfarrados!

Era la época en que la gestión del encarcelado ex presidente regional adjudicaba obras a diestra y siniestra, sin contar con la correspondiente documentación y sin tener en la mano la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. Por entonces, bastaba con tener el expediente técnico y disponer la ilegal, e inmoral, transferencia presupuestal de otras obras, a través de resoluciones ejecutivas firmadas por el propio César Álvarez.

Quizá eso explique porque el cerco de fierro que debió colocarse en todo el perímetro del coliseo después de concluida su ejecución, fue instalado cuando el avance de la obra ni siquiera había alcanzado el 20 por ciento. Se puso la carreta delante de los caballos.

Para colmo, la carta fianza que presentó el contratista y que fue aceptada a ojos cerrados por el gobierno regional, carecía de todo valor; pues fue emitida por una cooperativa ligada al ex congresista Heriberto Benites, pero no estaba autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros.

Hace dos días, los miembros de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa ratificaron por unanimidad la sentencia de 7 años de prisión efectiva y el pago de una reparación civil solidaria de 10 millones de soles, contra uno de los 15 ex funcionarios del entorno de César Álvarez, implicados en este emblemático caso de corrupción.

Cada vez que algún amigo que viene de visita a Chimbote y  nos pregunta qué hacen ahí esas columnas oxidándose por tanto tiempo, solo nos queda sentir vergüenza ajena al no poder ocultar que se trata del más grande monumento a la corrupción.

Ojalá esta vergüenza, que también la sufren nuestros hijos y nuestros nietos, pudiera enmendarse en las elecciones regionales del próximo año.