Para nadie es un secreto que las universidades que no han sido licenciadas por la SUNEDU, se resisten a darse por vencidas. Todas ellas luchan por salvar sus vidas a cualquier precio, cueste lo que cueste y, como se puede ver, están dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de obtener, así sea a la mala, lo que no han podido lograr por las buenas.
Como quiera que en este intento no han podido conseguir apoyo ni consenso valedero, no les ha quedado otra alternativa que tocar las puertas de las tiendas políticas, ahí donde todo es posible y donde además todo tiene su precio.
En alianza estratégica con determinadas agrupaciones representadas en el Congreso de la República, y previo pacto de intercambio de favores, las universidades no licenciadas han logrado, con un solo voto de diferencia, la aprobación de dos pre dictámenes cuya meta es la promulgación de una ley que les otorgue un plazo adicional de dos años, para obtener su licenciamiento.
Como era de esperarse, ante esta absurda maniobra que ha merecido el rechazo unánime de la opinión pública nacional, han levantado su voz de protesta destacadas personalidades vinculadas al campo de la educación superior, entre quienes figura el Dr. Oswaldo Zegarra, titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU.
Sin ambigüedades y con toda la autoridad que le asiste, el jefe de la SUNEDU ha sido sumamente enfático en alertar que esta maniobra política significaría abrir las compuertas de una avalancha cuyo único objetivo es traerse abajo la reforma universitaria. Que esta maniobra pretende favorecer con nombre propio a los dueños de las universidades no licenciadas, es algo que nadie puede negar ni discutir. ¿Pero en qué medida este favor político podría redundar en la calidad educativa, que tanto esfuerzo ha costado conseguir?.
Como si esto no fuera suficiente, el acuerdo del Congreso también pretende modificar el sistema de elección de los miembros del directorio de la SUNEDU, de tal manera que esta instancia también pueda estar integrada por representes de las universidades. Lo que equivaldría volver a la funesta época de la Asamblea Nacional de Rectores, donde todos podían ser juez y parte y conjugaban al unísono el verbo ganar.
En el hipotético caso que el Congreso apruebe la ley y que sus socios del ejecutivo la promulguen, el Jefe de la SUNEDU ha dicho que lo único que podría salvar al país de un desastre académico sería el Tribunal de Garantías Constitucionales declarando inaplicable el pretendido dispositivo legal.
Pero como también lo hemos dicho en anteriores oportunidades, todas las universidades del país han tenido no solamente una primera y segunda oportunidad para obtener su licenciamiento. A lo largo de ocho años han tenido tiempo más que suficiente para subsanar las observaciones tanto de carácter académico como administrativo y logístico de las que fueron objeto. Si no lo han hecho, quiere decir que no están en capacidad de seguir funcionando.
Se han dado casos de universidades con menos alumnos y menos filiales que las que tenemos en Chimbote, pero que han pasado la valla del licenciamiento gracias a la calificación obtenida en el terreno de la calidad educativa.
En razón de ello, esperemos que la contrarreforma universitaria que se viene cocinando en el Congreso de la República, no sea una nueva versión de la contrarreforma que se produjo en la Europa del siglo XVI, que en vez de corregir errores terminó por agravarlos. Bueno sería recordar las lecciones del pasado.