Por: Miguel Jaramillo Baanante (*)
En las dos décadas anteriores, el Perú experimentó un notable progreso económico en el que muchos indicadores sociales -pobreza, desigualdad de ingresos, movilidad social- mejoraron sustancialmente. La pandemia, sin embargo, ha supuesto un enorme retroceso en varios de estos frentes. Algunas respuestas políticas del gobierno en el contexto de la pandemia fueron rápidas y adecuadas -en particular de la autoridad monetaria-, pero muchas fueron controvertidas o simplemente perjudiciales, especialmente en la política de salud pública. En todo caso, la pandemia ha servido para exponer las profundas debilidades estructurales que obstaculizan nuestro desarrollo económico, como la informalidad, los deficientes servicios públicos y las desigualdades de género en el mercado laboral. Más aún, la carencia de un sistema de protección social que llegue con similar calidad a la mayoría de ciudadanos es aún una tarea pendiente.
Los datos económicos recientemente publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sugieren una recuperación económica -rebote estadístico para algunos- basada en el crecimiento de la inversión pública, que alcanzó un nivel récord de 39,000 millones de soles. Aún, sin embargo, no tenemos noticias sobre cómo el gobierno piensa enfrentar las debilidades estructurales del país.
Como parte de un ejercicio de identificar estrategias para una recuperación económica que enfrente las debilidades estructurales del país, hemos desarrollado un diagnóstico de la evolución de la economía previo a la pandemia, así como del impacto de la pandemia y las respuestas de políticas.
Mirando hacia adelante, la inversión pública y el gasto en salud son dos instrumentos que el gobierno puede utilizar proactivamente tanto para reactivar la economía como para enfrentar las debilidades estructurales de la economía peruana. Una primera conclusión de dicho análisis es que, si bien la inversión pública puede ser clave para reavivar el crecimiento económico, no va muy lejos a la hora de abordar los desafíos que estructuralmente afectan al país. En contraste, el gasto público en salud y otros sectores sociales sí puede conseguirlo.
Dos mecanismos operan en esta dirección. El primero es el mecanismo directo de generación de empleo. En efecto, la distribución sectorial de los planes de inversión es muy importante para los resultados del empleo. Para ilustrar su importancia, tomamos como benchmark los datos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC). Usando cifras de empleo por sector por cada US$ 1,000 millones de inversión, estimadas por el BID (2019), así como la proporción de mujeres empleadas en dichos sectores, estimada por la OIT (2019), construimos el siguiente gráfico.
Como podemos observar, el empleo generado está fuertemente sesgado hacia la mano de obra masculina: 62% del empleo es de hombres. Nótese también que Educación y Salud son dos sectores donde el balance compensa el sesgo de la inversión pública, intensiva en capital, hacia el empleo masculino. La inversión orientada a estos sectores puede entonces contribuir a resultados más equitativos de generación de empleo entre hombres y mujeres.
El segundo, asociado al gasto en salud, se relaciona con la postergada tarea de empezar a construir un sistema de protección social de acceso universal. Al momento, los mecanismos vigentes son limitados, dispersos y fragmentados. Surgen como parches ante un sistema basado en el empleo formal, cada vez más escaso. Las improvisaciones en la política de asistencia social han dejado claro que en el Perú no existe un plan de largo plazo de protección social bien articulado.
Centrar el debate público en la protección social permite adoptar un enfoque más amplio de la reforma de las políticas, al incluir al empleo formal y la mejora de la productividad, esenciales para que sea sostenible. Así, reforzar el acceso a los servicios sanitarios podría ser un primer paso en la dirección de montar un sistema verdaderamente universal, al que los individuos tengan acceso no por su condición laboral, sino por ser ciudadanos o residentes.
(*) Grupo de Análisis para el Desarrollo – GRADE (IPE)