Sentencia por delito ambiental:
Por primera vez después de más de veinte años de funcionamiento en la provincia del Santa, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) logró que la Corte Superior de Justicia dicte sentencia de prisión efectiva contra un empresario a quien se halló culpable del tráfico ilegal de productos forestales (madera), delito que se halla tipificado como tal en la Ley 29753, Ley de Protección de la Flora y Fauna Silvestre.
Pero esta primera sanción no quiere decir que en más de veinte años no se hayan producido en esta zona otros actos de esta naturaleza, como es la depredación sistemática e indiscriminada de nuestros recursos naturales. Lo que sucede es que esta primera sanción marca un saludable precedente en materia de defensa ambiental, razón por la cual confiamos que no será el último.
A pesar de haber entrado en vigencia hace ya buen tiempo, esta ley continúa siendo letra muerta; sino en todos sus extremos, por lo menos en gran parte de su contenido. Lo que sucede en Madre de Dios con la deforestación indetenible del bosque amazónico, es sin lugar a dudas la evidencia más patética del incumplimiento de esta norma legal y, por lo tanto, del daño que la mano del hombre es capaz de causar a su propio entorno natural.
La tala ilegal de árboles no solo afecta nuestra Amazonía sino también la sierra y la costa, habiéndose convertido en uno de los negocios más difundidos y rentables del bajo mundo. Para quienes se dedican a esta actividad, el requisito de la reforestación simplemente no cuenta para nada. La depredación es ciega y no tiene miramientos.
La provincia del Santa no es ajena a este pernicioso delito. Una mirada a ojo de buen cubero, nos permite comprobar con total decepción la desaparición de los bosques de algarrobo que hasta hace unos años proliferaban en los valles de Santa, Lacramarca y Nepeña y representaban un invalorable aporte para el sostenimiento de nuestro equilibrio ecológico. Hoy los bosques solo aparecen en fotografías del recuerdo.
Lo que sucede en Chimbote en materia de agresión ambiental, tampoco puede pasar por desapercibido. Conforme denunciamos en este medio, la zona que diariamente sufre esta agresión, sin que nadie se preocupe por ello, es la que corresponde a los humedales de Villa María. Esta área forma parte el Parque Metropolitano de Chimbote, proyecto cuya finalidad es preservar el patrimonio natural a fin de contrarrestar con ello el severo efecto de la contaminación que sufre la ciudad.
En esta zona, cuya intangibilidad ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional, está terminantemente prohibida la extracción de flora y fauna silvestre. Sin embargo vemos a diario que muchas personas extraen gran cantidad de junco, totora y carricillo, sin que la fiscalía ambiental ni la policía ecológica hagan algo por impedirlo. Al menos hasta hoy.
Ante esta desconcertante indiferencia, y siguiendo una tradición que supuestamente tiene que ver con la reforestación de la flora extraída, los extractores ilegales no tienen el menor reparo en prender fuego a lo que queda de los tallos, provocando con ello pavorosos incendios forestales de los que luego culpan a fumones e indigentes.
Pero ahí no queda todo. Cada vez que estos extractores cortan el recurso natural dentro de terrenos cercados que son de propiedad privada, lejos de atender el pedido de los propietarios lanzan toda clase de amenazas haciendo sonar sus machetes.
Si la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental se lo propone, también podría poner a buen recaudo a muchas de estas personas. Se sabe de muchas denuncias derivadas de estas amenazas, que hace mucho tiempo están empolvándose en los escritorios de la policía y de la fiscalía. El caso del empresario que ha sido sentenciado, no es más que uno de los tantos que aún faltan resolver.