No basta con colocar palos:
En lo que ya parece ser una historia de nunca acabar, personal de la gerencia de transportes de la Municipalidad Provincial del Santa ha visto por conveniente colocar un cerco de palos y alambre de púas para cercar un área ubicada frente al terminal terrestre y de esa manera evitar que ésta sea utilizada por vehículos piratas que ofrecen servicio de transporte informal a Trujillo y otras localidades vecinas.
La idea no es mala. El objetivo tampoco. El terreno al que nos referimos actualmente es un descampado cubierto de tierra que sirve de letrina pública y ofrece un mal aspecto a tan solo escasos metros del terminal. Todos estamos de acuerdo en que este terreno se convierta en una nueva área verde, no solamente para mejorar la limpieza y el ornato de esta frecuentada zona de uso público, sino también para evitar que sirva de estacionamiento a los vehículos piratas.
Pues tal como lo hemos dado a conocer hace unos días, los jaladores de pasajeros que trabajan al servicio de estos vehículos, ahora tienen la osadía de disputarse los pasajeros en el interior del propio terminal, habiendo convertido a este lugar poco menos que en tierra de nadie. Para estos jaladores no existen normas que respetar ni mucho menos autoridad.
Sin embargo, por todo lo que se sigue viendo en torno a esta persistente situación, subsiste el temor que, luego de la colocación del cerco, los conductores de estos vehículos se las arreglen para hallar en las inmediaciones otro lugar donde seguir operando. Ya lo han hecho en anteriores oportunidades. De manera que, en nuestro modesto entender, la solución del problema no consiste únicamente en colocar palos y cercos de alambre sino en atacar directamente la raíz del problema, sin desviarse por las ramas.
Tanto la gerencia municipal de transportes como la Policía de Tránsito, que son los directos responsables de hallar una solución no pasajera sino definitiva, tienen a su disposición una base de datos donde aparece toda la información relacionada con estos vehículos y con sus respectivos propietarios. Información que, suponemos, a estas alturas debe estar están plenamente procesada.
Después de todo, no hace falta acudir a un mayor esfuerzo para darnos por notificados que estas unidades son en su mayoría de uso particular y que muchos de sus propietarios tienen estrecha ascendencia en determinados círculos de la Policía Nacional. En tales circunstancias, dichos vehículos no cuentan con el respectivo permiso de operaciones y por consiguiente las pólizas de seguro que poseen no cubren los riesgos de un eventual accidente que pudieran sufrir como vehículo de transporte público. Como ya lo hemos visto, cuando eso sucede los pasajeros quedan abandonados a su suerte, sin derecho a ningún reclamo.
Queda entonces en manos de ambas instituciones la coordinación de un trabajo conjunto para realizar un seguimiento que permita prevenir y no lamentar. El reglamento de tránsito que tienen a la mano contempla la imposición de multas y otras sanciones que nadie se explica por qué no se aplican.
Mientras esto no ocurra, el problema amenaza con seguir adelante. Lo que significa que la solución no consiste en irse por los palos sino en imponer, de una vez por todas, el principio de autoridad.