Pesquera de capital internacional se siente ahuyentada del Perú
Grupomar, la empresa pesquera de capital internacional, afronta un proceso penal desde hace varios meses por supuestamente haber inhabilitado un tablero informático de su propiedad, instalado en la planta de Casamar, en Samanco. Sin embargo, denuncia que a lo largo del litigio se han suscitado diversas irregularidades que han ocasionado que la atunera ponga en tela de juicio la transparencia del proceso y evalúe continuar con sus intenciones de invertir en el Perú. Los problemas se suscitaron principalmente mientras el proceso estuvo en manos del fiscal Richard Contreras Horna y la jueza Krist Diaz Gonzales.
He aquí un breve recuento de los hechos cuestionables en este sonado caso, según Grupomar.
Excepción de improcedencia de acción: Es un mecanismo para solicitar el archivamiento del caso cuando los hechos imputados por la Fiscalía no constituyen delito. La norma señala que el juez que oye la audiencia es el mismo que debe resolverla. La audiencia fue presidida por el juez Alex Alegre el 26 de mayo del año pasado, sin embargo, este fue reemplazado a los pocos días, el 3 de junio de 2021, por la jueza Kirst Diaz. A pesar de eso la jueza -que no había dirigido la audiencia- resolvió la excepción de improcedencia de acción denegándola, alegando que “había visto los videos de la audiencia”. Sorprendentemente, este hecho no fue considerado grave por la Sala Superior, pese a que el curso regular debió haber sido convocar a una nueva audiencia, y luego resolver.
Incorporación de Casamar como “actor civil”: El actor civil es aquel que ha sufrido los daños ocasionados por un delito. La Ley establece como obligación del juez notificar a la contraparte -es decir a Grupomar- la solicitud de constitución en actor civil del supuesto agraviado; sin embargo, la jueza Diaz no lo hizo. Además, tramitó la solicitud pese a que esta fue subsanada cuando la etapa de investigación preparatoria ya había terminado, y mientras existía una recusación en trámite. La regla señala que estas solicitudes solamente pueden presentarse hasta antes de que termine esa investigación.
Recusación de la jueza Krist Díaz: Debido a las irregularidades antes mencionadas, Grupomar interpuso una solicitud para que se evalúe a la jueza en cuestión por mostrar una conducta parcializada. De acuerdo a la Ley, el propio juez recusado no puede resolver este proceso. Sin embargo, la jueza Krist Diaz resolvió su propia recusación declarándola “infundada” y luego la elevó a la Sala Penal Superior, pese a que la norma establece como procedimiento emitir un informe con sus argumentos, y elevar el incidente a la Sala para que esta decida. Por otro lado, a pesar de que la Ley le impedía pronunciarse hasta que la recusación fuera resuelta, la Jueza aceptó la incorporación como “actor civil” de Casamar antes de que la Sala se pronunciara al respecto.
Control de la acusación (audiencia tras la investigación): Se notificó a Grupomar la acusación del Fiscal, pero sin adjuntar los anexos que permitieran conocer los medios probatorios en los que esta se basaba. Tras haber sido recusada, la jueza volvió a notificar la acusación con los anexos. Alegó haber sido culpa de la encargada de mesa de partes, pero ella firmó la resolución.
Dado que recientemente la Sala resolvió la recusación denegándola, empresa de capital internacional ha reafirmado su preocupación por el modo como la justicia opera en nuestro país. “No sentimos que sea un lugar estable a nivel jurídico aún para invertir”, afirmó Fernando Moreno, su representante legal. Al cierre de esta nota se confirmó que la magistrada Krist Diaz Gonzales había sido reemplazada en el despacho del Juzgado de Investigación Preparatoria de Nepeña por razones administrativas. La nueva jueza es Erika Rodriguez Otiniano.
