CONTRALORÍA
En un lapso de tres semanas hemos publicado dos informaciones que dan cuenta sobre los informes que realiza la Contraloría en gobiernos locales de nuestra región. Se trata específicamente de la nota aparecida el pasado 31 de enero sobre la Municipalidad Provincial de Casma, pues en el años 2018 se había realizado dos expedientes técnicos e incluso lo habían pagado, pero ¡oh sorpresa! la unidad ejecutora no era la Municipalidad Provincial de Casma. El monto de pago fue S/. 113 mil soles. En la edición de ayer lunes hemos publicado con mucho detalle otro informe de La Contraloría General de la República donde se informa sobre los pagos que se ha realizado en el Municipio Distrital de Pallasca, también en el año 2018, a una bachiller en derecho por unos informes que nunca se hicieron, el monto total de los pagos sumaron S/. 146,200 soles. Los informes en realidad son minuciosos y detallan la forma como funcionarios y alcaldes violan las normas legales vigentes con la única finalidad de apropiarse del dinero. Incluso en el último informe sobre Pallasca, los que declararon lo hicieron ante un fiscal y por eso la recomendación estaba referida a las denuncias penales a través del procurador público. Es decir, las personas son conscientes para justificar los procesos mediante los cuales evaden las nomas para justificar los gastos. Los dos casos son gravísimos porque en el primero de ellos, resulta risible que la funcionaria de la gerencia de obras no tenga conocimiento, que su municipio no era la unidad ejecutora pero aún así ordenan realizar los expedientes técnicos y ordenan los pagos. En el caso de los hechos sucedidos en Pallasca, fueron tan conscientes que violaron todas las normas existentes y a lo largo de todo el año 2018 realizaron pagos mensuales hasta por S/. 146 mil soles. Todos los involucrados deben pasar por procesos penales porque eran conscientes de las simulaciones e incluso sabían que pagaban con dinero del canon que solo se puede gastar en obras. Así dilapidan los dineros del estado. Los municipios muchas veces son focos de los actos de corrupción que hoy en día parecen tan comunes. Una verdadera lástima.
CONGRESISTAS
Desde ayer lunes 21 y hasta el viernes 25 del presente tendremos a los congresistas en su semana de representación. Es decir, los veremos transitados por nuestras calles, en busca de soluciones a los diferentes problemas que nos aquejan. De los cinco congresistas existen algunos que tienen una maquinaria muy implementada de imagen y que permanentemente informan sobre sus movimientos, por otro lado hay otro congresistas que ni siquiera cuentan con esa oficina de imagen y nadie sabe nada de su destino. Hay muchos problemas, los cuales están vigentes y esperemos que sean tratados por alguno de ellos, por ejemplo, la marginación que tiene la Junta de Usuarios de IRCHIM por parte del Administrador Local del Agua Huarmey – Chicama. Son ellos, los congresistas quienes deben intervenir pues hasta el momento las cosas están tan claras que el manejo de las aguas del río Santa está en poder de gente interesada en perjudicar al proyecto Chinecas y a los valles de Santa y Lacramarca. Esta gente interesada es la que maneja actualmente a esa dependencia del ANA, que es el Administrador Local del Agua Huarmey – Chicama(ALA). Alguien tendrá que ponerle cascabel al gato, porque esta gente es interesada, pero no en la prosperidad de los valles Santa y Lacramarca.
SUNAT
Uno de los proyectos legislativos que se emitieron la semana pasada por parte del poder ejecutivo señalan que la SUNAT debe exigir los perfiles de acceso al Sistema de Procesamiento Electrónico de Datos con el que el deudor tributario realiza su contabilidad. Las protestas han empezado a hacerse públicas, pues algunos consideran que la SUNAT ya tiene facultades para ver sus libros contables, pero ahora con este decreto legislativo quieren ver absolutamente todo, porque su objetivo es evitar la evasión y elusión. Algunos consideran que darle la llave de la información contable a la SUNAT es como acceder a sus cuentas bancarias, lo que algunos expertos señalan que es inaceptable, aunque otros indican lo contario. Lo cierto es que estos decretos legislativos levantan polvo y van a generar controversia. Lo que tenemos muy claro es que la evasión y elusión no se encuentra en la contabilidad de las empresas, sino en los muchos que son informales y que no tienen ni RUC como sucede en los grandes abarroteros de los mercados en nuestra ciudad.