Por: Víctor Andrés Ponce (*)
La decisión del Gobierno de Pedro Castillo de dejar las minas del Perú a merced de las minorías radicales –mediante la renuncia a ejercer la autoridad democrática y a aplicar la Constitución y las leyes– ha quebrado el sistema de propiedad minera en el Perú. En la práctica, hoy el Estado no es el titular de los yacimientos del subsuelo ni las comunidades controlan la superficie de las tierras mineras. En este contexto, empresas, poblaciones y minorías radicales ingresan a una etapa previa de guerra civil.
En Perú, Pedro Castillo, Perú Libre y las corrientes comunistas han disuelto al Estado en las zonas mineras. Simplemente no hay Estado y, casi es natural que se desate el llamado estado de naturaleza, en que los privados ejercen la violencia para reclamar posesiones y derechos.
Los casos de las paralizaciones de la producción de cobre en Las Bambas en Apurímac –una de las diez minas más grandes de cobre del mundo– y de Cuajone en Moquegua son paradigmáticos. La primera ha vuelto a paralizar la producción luego de acumular más de 461 días de pérdidas por los bloqueos de minorías en áreas a más de 100 kilómetros de la operación minera. La segunda suma más de 40 días de paralizaciones porque un sector de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala reclama la posesión de las tierras concedidas a Cuajone medio siglo atrás –bajo el amparo de dos constituciones políticas– y exige US$ 5,000 millones como compensación.
Más allá de las justicias o injusticias en las demandas, un solo hecho es cierto: ya no existe sistema de propiedad en las minas. Es decir, el ejercicio de la propiedad privada ha sido violentado. Pero tampoco las comunidades, poblaciones y minorías radicales son “los propietarios de las tierras mineras”. La minería nacional, entonces, se comienza a convertir en un inmenso territorio de informalidad, promovido por el Ejecutivo en su decisión de renunciar a ejercer la autoridad democrática y de empoderar a las minorías radicales.
La situación de Las Bambas y Cuajone es dramática. Casi el 30% de la producción nacional de cobre está paralizado en el preciso momento en que la libra del metal rojo alcanza los US$ 4.80. El segundo productor mundial de cobre se niega entonces aprovechar la riqueza nacional del metal rojo que nos permitiría crecer por encima del 6% y reducir varios puntos de pobreza. ¿Cómo entender la estrategia autodestructiva del Ejecutivo? ¿Existe alguna racionalidad?
A estas alturas es evidente que la estrategia del Gobierno de Pedro Castillo, de Perú Libre y las corrientes comunistas es quebrar el sistema de propiedad en las minas para paralizar la producción y desatar la violencia entre trabajadores, poblaciones y diversos sectores. Se está promoviendo abiertamente una especie de guerra civil en las minas con un solo objetivo: crear la anarquía general para plantear la estatización de las minas del cobre.
La estrategia del Foro de Sao Paulo y de Perú Libre es tomar el control del cobre del Perú, a semejanza de lo sucedido con el petróleo en Venezuela y el control de PDVSA y a similitud también de la estatización del gas en Bolivia. De allí que conmueve la ingenuidad de algunos comuneros de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala que “sueñan con administrar y producir Cuajone y Quellaveco directamente”. Un delirio imposible, no solo porque en el Perú no existen los capitales ni las tecnologías para explotar semejantes proyectos de talla mundial, sino porque la verdadera estrategia de Perú Libre y el Foro de Sao Paulo es utilizar los recursos del cobre como fuente de financiamiento de una estrategia continental de poder.
(*) Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)