Por: CPC SERGIO AGURTO FERNANDEZ
La mala noticia viene de Antamina, y nos tiene que preocupar como región y como país, porque se trata de la principal fuente generadora de recursos de la región, cuya concesión, se dice, termina el año 2028, pero que, según la empresa, se “puede ampliar la extensión de vida de sus operaciones hasta el año 2036, siempre que se apruebe ña modificación del actual Estudio de Impacto Ambiental”.
Ancash es una región minera, donde hay yacimientos polimetálicos en toda su extensión geográfica, mayormente explotada por mineros artesanales, quiénes por la falta de capacidad tecnológica, son los que malogran el ecosistema, cuyos relaves son vertidos a los ríos y quebradas, con el innegable riesgo para los flora y fauna del lugar, y sobre todo para la vida humana. A todo ello el Estado los invisibiliza negligentemente, a través de los altos funcionarios, al pasar por alto la grotesca forma de hacer minería y permitir la evasión y la elusión tributaria.
La gran minería explotada con tecnología de punta, propia del siglo XXI, no contamina o contamina poco y es amigable con el medio ambiente; es un invalorable motor que impulsa el crecimiento del PBI, eleva la recaudación fiscal y también las regalías, el beneficio de la población asentada en su zona de influencia. Pero no todo es color de rosa, Antamina también tiene su lado oscuro, a decir de la prensa huaracina (04-2022), cuando denuncia que, valiéndose de terceras personas y de las malas autoridades, viene desalojando de sus tierras a los legítimos propietarios, que se ubican en las cabeceras de cuenca de los ríos que discurren en la vertiente oriental (Comunidades alto andinas de San Marcos y de San Pedro de Chana), desplegando operativos a sangre y fuego, al mismo estilo del viejo oeste americano; como resultado de ello se tuvo un saldo de dos personas fallecidas y varias personas heridas; se trata de comuneros que no quisieron vender sus tierras por el precio propina que les ofrecían, y lo peor, negándose a brindar los primeros auxilios en el centro médico del campamento minero, a aquellos dos heridos graves que fallecieron horas después.
Como sabemos, Antamina inició sus operaciones en los años 2004 y 2005; explota minerales como el cobre, oro, plata y tungsteno, utilizando su mineroducto que desemboca en Puerto Lobitos de Huarmey, y los despacha al exterior, utilizando barcos graneleros, sin que ninguna autoridad tributaria haga presencia física para atestiguar el peso real del embarque y así conocer el impuesto que le correspondería pagar. El Estado a través de los órganos pertinentes, debe cautelar los intereses del país, presenciando los mecanismos de control en el envío del mineral. No se puede confiar en la buena fe de la empresa, que por naturaleza son reacias a ser honestas en la declaración de sus impuestos.
Lo de Antamina (Terminación de la concesión) es solo un caso benigno frente a las otras tantas, muchas más complicadas que hay en el país, unos con el trámite en curso para la suspensión de sus operaciones, y otros para el cierre de la mina al haber culminado la concesión, ocasionando la pérdida de puestos de trabajo. Por coincidencia todos ellos de capitales extranjeros, para satisfacción de los antimineros de tintura roja que abunda por ahí y para beneplácito de sus patrocinadores que los digitan a control remoto.
Toda esta etapa de bonanza con dinero a raudales que hasta ahora se “disfruta” (Canon), nunca más de repetirá, luego que Antamina dé por cerrada sus operaciones, pero lo dispar del asunto está en que la Región, se ha sentido huérfana de líderes en sus dos niveles de gobierno: local y regional, por el infortunio que siempre la acompañó, al ser “asediada” por una serie de advenedizos y oportunistas (Más de 15 candidatos en cada elección), que ven al canon como un apetitoso manjar y que se lanzan a la palestra a tentar suerte como candidato, ofreciendo una andanada de ofertas electorales, a cambio de un voto, que para el elector es la esperanza de un mañana mejor, y para el candidato, la oportunidad de sumar “diezmos” con varios dígitos, y con solo cuatro años de trabajo, tener para sí y para sus descendientes, una vida de opulencia, hasta que le llegue el momento de entregar su alma a Dios o al diablo. Como diría el Sr. Castillo: “no más ciudades pobres en una Región rica”. Pero seguiremos igual de pobres, si seguimos confiando en políticos improvisados.
También es preocupante la escalada de movilizaciones extremas que paralizan el corredor minero del sur del país: las Bambas y Cuajone, cada una con sus propias particularidades. En el caso de Las Bambas, que es una de las más grandes del planeta, la empresa concesionada tenía el compromiso de construir un mineroducto, tipo Antamina. Pero luego de ser vendida a otra empresa, ésta obvió aquella obligación y ante la inacción del gobierno, utilizó la vía carrozable que comprometía terrenos comunales, para el traslado del mineral a través de volquetes, con la consiguiente polvareda que se impregnaba en los cultivos hasta destruirlos. Obviamente los comuneros exigían el pago por el derecho de uso de aquella vía, y el Estado en vez de llegar a un entendimiento, empeoró la situación al declararlo “vía nacional”, eliminando cualquier expectativa económica de la comunidad. Ahí la explotación es a “tajo abierto”, cuya prospección comprometía al caserío de Fuerabamba, y para poder explotarla, la empresa construyó una nueva ciudad, a la que se le llamó Nueva Fuerabamba, siendo una ciudad moderna con casas de 2 y 3 pisos, a la que se trasladó toda la población, adicionalmente les hicieron entrega de un millón de soles a cada familia. Por problemas un tanto confusos, aduciendo incumplimiento de acuerdos, los comuneros tomaron por asalto el campamento minero, destruyendo maquinarias y equipos y robando mineral ya procesado, exigiendo volver a la antigua Fuerabamba.
Aquí hay un asunto que se debe tener en cuenta, todos somos dueños del área en que vivimos más los aires, por derecho propio, pero no del subsuelo y menos de los minerales que ahí se pudiera albergar. La empresa hizo lo correcto al trasladarlos a otro lugar. No hay ningún trascendido de los acuerdos, pero se especula que los comuneros no se dan por resarcidos en sus derechos y por decisión de la asamblea comunal (27-04-2022), determinaron que ¡Las Bambas no va! En parte tiene culpa el gobierno, porque el Primer Ministro se comprometió instalar una “mesa de diálogo”, pero incumplió con su ausencia, y ahí están las consecuencias.
A nuestro entender, para poner orden a la minería, se debe tener en cuenta lo siguiente: 1) Nueva Ley General de Minería que incorpore en su texto, modelo de otros países sobre cómo debe ser la normatividad en la materia y precisar los derechos y obligaciones de: Estado, empresa y comunidad, a la luz de los últimos acontecimientos ocurridos, 2) Puntualizar que el ámbito de la concesión minera, debe ser accesible a las visitas de supervisión de las autoridades regionales y nacionales, para tratar temas específicos, bajo pena de sanción económica o la no renovación de la concesión, si ocurriera lo contrario, y 3) Permanente trabajo de campo para ir resolviendo cualquier diferendo que hubiera entre empresa y comunidades.
El problema de Cuajone es la disputa por el agua con la comunidad alto andina de Moquegua, y es tan idéntica como lo es el problema de Chinecas, cuyo caudal del Rio Santa también está en disputa. En nuestro caso son más de 30 años que no se ejecuta este proyecto irrigador, frente al Proyecto Chavimochic que ya se va por la III Etapa y con una laguna que almacena 400 millones de m3 de agua. Las cordilleras del Callejón de Huaylas están en proceso de extinción, prueba de ello es el “nevado” Pastoruri que ahora queda convertida en una montaña rocosa, y por este efecto el Rio Santa cada vez tiene menos caudal y que en algún momento no alcanzará para irrigar la III Etapa de Chavimochic. En la Región Ancash hay falta de liderazgo en el Gobernador Regional, como para defender el agua del Rio Santa, e impulsar la ejecución del Proyecto Especial Chinecas con bocatoma única compartida, tal como manda la ley 31345. Más vale que así sea, porque en un futuro no muy lejano, la falta de agua para abastecer a Nuevo Chimbote e impulsar la agricultura en todo el valle, va a ocasionar serios enfrentamientos con los trujillanos, y quien sabe con muertos y heridos, detalle que, al parecer, a nadie se le ha ocurrido pensar, y que toda la inversión millonaria de las tres etapas, volverán a ser como eran antes: amplios terrenos polvorientos.