FUNCIONARIOS
Los funcionarios son los culpables. En los últimos días se han conocido detalles sobre determinadas resoluciones judiciales relacionadas directamente con los casos de corrupción, donde se han modificado términos y además se ha confirmado sentencias. Finalmente, son los funcionarios los que resultan culpables, en casos citados y donde está de por medio la Sub-Región El Pacífico; incluso en uno de ellos, el que ha salido favorecido es nada menos que César Álvarez Aguilar, el presidente regional de ese entonces y ahora acusado en muchísimas obras por casos de corrupción. Desde aquella época escuchábamos, en el entorno de Álvarez, que eran los funcionarios los responsables, y lógicamente que es difícil digerir esas resoluciones que se han hecho públicas, pues todos conocemos como se desarrollaron los hechos, del latrocinio del cual fueron víctimas las arcas del gobierno regional. Lo cierto es que la responsabilidad política y responsabilidad al fin es del gobernador, que en ese tiempo era César Álvarez Aguilar. Claro, los años van a seguir pasando y al final las condenas no van a ser por cinco o diez juicios, sino por aquellos que involucran al caso Nolasco. Es probable que todo se simplifique en ese sentido, mientras tanto los casos que han avanzado van a seguir teniendo sus términos tal como ha sucedido días atrás con el caso del canal San Bartolo, donde los sentenciados fueron funcionarios y también una empresaria privada. Hay otros casos, mucho más grandes, que avanzan a paso lento y que por ahora seguramente hacen cola en el Poder Judicial, donde los expedientes están atrasados más de una década. Esperamos ya no comentar sentencias a funcionarios, sino a los verdaderos responsables del robo de dinero en el gobierno regional durante las gestiones del ex presidente César Álvarez Aguilar.
INCAUTACIÓN DE BIENES
Otro caso que ha aparecido en los últimos días es lo sucedido con la familia del ex alcalde de Casma Alejandro “Lito” Montalván, pues el Poder Judicial incautó su vivienda porque no proporcionaron la información sobre la procedencia del dinero en su adquisición. Como se recuerda, Montalván fue asesinado por sicarios a casi dos años tras haber empezado su gestión, posteriormente a su fallecimiento, el Ministerio Público inició investigaciones y luego determina que la vivienda debe ser incautada y eso fue lo que ocurrió en los últimos días. Al hacerse público este caso se recuerda lo del asesinato de Montalván, donde hay sentenciados, en dos instancias, pues hubo autores intelectuales y sicarios.
REPOSICIÓN
Mediante una Resolución, el Servicio Civil ordenó la reposición del médico Leandro Pérez Rodríguez en el hospital Regional. Pérez Rodríguez fue destituido por una resolución de la dirección de dicho nosocomio por tener una sentencia en años anteriores. Según SERVIR, que recibió la documentación presentada por el afectado (Pérez Rodríguez), se habían extinguido los efectos de aquella sentencia, por lo tanto, no existe causal para su destitución y lo repuso en su cargo. Tal como ha manifestado públicamente el Dr. Leandro Pérez, denunciará en la vía judicial a la dirección del hospital por haberlo dejado sin sueldo durante tres meses. Las rencillas internas en el hospital Regional no son de ahora, sino de muchísimo antes y esos enfrentamientos son los que conllevaron a estos actos donde involucraron al oftalmólogo Leandro Pérez. Hoy el caso está terminado, ya no podrá proseguir más en la vía administrativa, por lo que él ha decidido interponer acciones judiciales para reparar los daños que le han ocasionado otros.
MINERÍA PARALIZADA
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Las Bambas, la mina que hoy está paralizada en Apurímac, ha manifestado ayer de manera pública que el estado peruano pierde S/. 5 millones de soles diarios por la paralización de ese enorme complejo industrial. En otras palabras, nos damos el lujo de botar la plata y las conclusiones que se pueden obtener es que es el gobierno quien no quiere solucionar el conflicto, pues lo único que hace es echar más leña al fuego. El propio secretario general de ese sindicato ha acusado directamente al gobierno de no encontrar solución alguna, mientras tanto más de tres mil trabajadores, pertenecientes a las empresas contratistas, han perdido sus empleos y la mina continúa paralizada. El daño que le están originando al país es inmenso, y sobre todo a la zona de influencia, aunque parece que eso les importa poco a los comuneros y al gobierno.