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CASAMAR PAGÓ 40 SOLES POR PERSONA COMO FUERZA DE CHOQUE CONTRA ORDEN JUDICIAL

Testimonio de un pescador samanqueño lo revela:

La empresa Pesquera Casamar ha pagado 40 soles a cada persona que participe como fuerza de choque contra las diligencias iniciadas por el Poder Judicial para recuperar los equipos de propiedad de GM Multisoluciones S.A., y que retiene de manera ilegal la empresa dirigida por José Boluarte Gylling en Samanco.

La denuncia pública fue hecha por un pescador samanqueño -cuya identidad reservamos, pues teme por su seguridad- quien señala que Boluarte juega con las necesidades de los moradores de la localidad, ya que pretende usarlos para evitar la acción de la justicia. Según recordó, esta se trataría de una nueva manera empleada por el empresario para manipular a los samanquinos usando las necesidades de la población.

“Me fueron a ver en la noche anterior para apoyar a Casamar y estaban pagando 40 ‘lucas’. Para hacer bulto aunque sea. 40 personas querían pagar”, manifestó en alusión a la intervención judicial. “Son procesos judiciales que hasta el momento solo postergan el desarrollo de la pesca artesanal en la zona”, expresó.

Como ya se ha informado, la autoridad judicial dispuso el descerraje, el inventariado y la extracción de los equipos propiedad de GM Multisoluciones Sociedad Anónima de Capital Variable Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, que había solventado las inversiones de Grupomar en la planta pesquera de Samanco.

Esta empresa, al haber agotado las vías usuales para recuperar la inversión, notificó a GM Multisoluciones para que actúe de acuerdo con las facultades de que ley le otorga y termine con la ilegal retención y uso que estaba ejerciendo sobre maquinaria y equipos, desde hace varios años.

El operativo inició al promediar las 9.30 de la mañana del jueves último en el apacible Samanco, con el apoyo de la fuerza pública y con representantes del Poder Judicial. Dado que los directivos de Casamar ordenaron construir una barricada y quemar llantas -contaminando además el medio ambiente- como forma de impedir el ingreso a las instalaciones, también se hizo presente la representante de la fiscalía de materia ambiental, quien levantó un acta e iniciará las indagaciones respectivas.

El grupo de manifestantes, según expresó la fuente, había sido convocado para una supuesta capacitación, pero finalmente Casamar los intentó usar como escudos humanos. Con este testimonio se corrobora el modo ilícito de Casamar para intentar evitar la intervención del Poder Judicial y además los interlocutores dejan en claro que la población no cree que se trate de una empresa seria y responsable.

“Prácticamente todo lo han mejorado y arreglado los mexicanos. Y el que se llena de plata es Boluarte, sin invertir un sol. El alquila la planta pesquera a otros. ¿Sabes cuánto se ha llevado en la temporada de perico?”, se pregunta sorprendido el poblador.

Evelyn Alva Sánchez, abogada de la Financiera GM Multisoluciones -propietaria de los bienes retenidos por Casamar- manifestó que la diligencia de descerraje y extracción de bienes tuvo la participación de 50 efectivos de la USE (Unidad de Servicios Especiales) y efectivos de la comisaría de Samanco, quienes controlaron el fuego a consecuencia de la quema de llantas y exhortaron a que las personas que impedían el ingreso a la planta se retiraran del lugar de manera pacífica.

Cabe precisar que la diligencia se tornó difícil en tanto no sólo quemaron gran cantidad de llantas, sino que también colocaron un cerro de arena en la entrada y colocaron detrás del portón bloques de cemento, para impedir la acción de la justicia. Ante este escenario Casamar evidencia que no quiere aceptar la orden judicial.

Asimismo, la abogada precisó que el trámite fue suspendido para subsanar algunos requerimientos legales. “Sin embargo, la extracción de los bienes se va a tener que dar. Esperamos que Casamar no impida que se ejecute una orden judicial ni realicen otro tipo de actos vandálicos como los que vimos el día 17 de junio. Por ello hacemos un llamado a las autoridades judiciales y policiales para que la diligencia que se retome con las máximas medidas de seguridad”, señala la abogada.