Según el presidente de la república:
Además de considerarse intocable, para todo régimen dictatorial nada puede ser más incómodo e intolerable que el ejercicio de la libertad de expresión. Un gobernante poseído por esta vocación es incapaz de aceptar que los medios de comunicación difundan sus errores y peor aún si se atreven a criticar sus exabruptos y excesos de poder. La historia está llena de episodios que patentizan con lujo de detalles el antagonismo irreconciliable que siempre ha existido entre las dictaduras y la libertad de prensa.
Quizá una de las frases que mejor ilustran esta histórica rivalidad es la que pronunció el gran Napoleón Bonaparte al afirmar que él estaría gustoso de enfrentar al ejército más poderoso de la tierra, menos a la prensa. Lo sostuvo cuando, en su afán de gobernar el mundo, invadió España entre los años 1808 y 1814. Primero hizo coronar como nuevo rey de ese país a su hermano José I, quien ha pasado a la historia no por haber realizado un buen gobierno sino por haberse ganado el apelativo de “Pepe Botellas” debido a su desenfrenada afición por el consumo de bebidas alcohólicas. Luego, para consolidar su poderío y silenciar el descontento de la España sometida, Napoleón y su hermano dispusieron la clausura de todos los periódicos que no simpatizaban con el régimen. Solo autorizaron la circulación de “El Imparcial” de Madrid y “La Abeja” de Barcelona, que estaban bajo control y se encargaban de adular al régimen napoleónico.
Un siglo después, la misma artimaña habría de ser empleada por José Stalin para imponer a sangre y fuego el régimen comunista en todas las repúblicas integrantes de la Unión Soviética. En el mismo empeño no se quedó atrás Adolfo Hitler, el dictador de Alemania que prendió la chispa de la segunda guerra mundial y que también alucinaba con gobernar al mundo. Ni qué decir de Benito Mussolini quien provocó de la manera más demencial la autodestrucción de Italia.
A ninguno de estos dictadores les convenía que el mundo conociera sus verdaderas intenciones y menos las atrocidades que cometieron contra la humanidad. A través de una prensa sometida y servil, todos ellos intentaron lavar el cerebro de su gente y utilizaron a los medios de prensa solo para ocultar la verdad o distorsionarla groseramente.
Para mala suerte, el Perú no ha sido ajeno a esta vocación totalitaria. A comienzos de la década de 1970, la dictadura de Juan Velasco Alvarado estatizó periódicos, emisoras radiales y canales de televisión, esgrimiendo para ello el espurio argumento de una supuesta socialización de los medios de comunicación. El Estatuto de Libertad de Prensa que promulgó para enmascarar este abuso de poder, no fue otra cosa que la ley del silencio. Durante la dictadura de Velasco, todos los medios de prensa estuvieron parametrados y solo podían difundir aquello que el gobierno consideraba conveniente.
Veinte años después la dictadura de Alberto Fujimori también cayó en la misma tentación, aunque con la diferencia de no utilizar la fuerza. Esta vez se optó por comprar la línea informativa y de opinión de los medios de comunicación más influyentes, a cambio de cerros de dólares que el asesor presidencial Vladimiro Montesinos se encargaba de negociar en la famosa salita del Servicio de Inteligencia Nacional. Gracias al sometimiento de los medios de prensa, mandatarios como ellos han hecho del cinismo y el crimen organizado un estilo de gobierno a su gusto y medida.
Como se puede ver, ningún gobernante adicto o tentado por el totalitarismo puede aceptar que bajo su mandato exista plena libertad de prensa. Y eso parece haber quedado muy en claro en el mensaje que el presidente Pedro Castillo Terrones ha dirigido al país con ocasión del 201° aniversario de la Independencia Nacional. Siguiendo al pie de la letra un libreto maquiavélicamente elaborado, el primer mandatario ha dicho, sin inmutarse, que la culpa de todos los escándalos de corrupción que ocupan los primeros titulares de los medios de comunicación, no es de su gobierno sino de la prensa. ¿Y eso por qué?. De acuerdo con su lógica, si en vez de denunciar estos hechos la prensa guardara silencio, simplemente no habría motivo para tanto escándalo.
Pero la cosa no queda ahí. Como un primer paso para poder silenciar a la prensa, el gobierno de Pedro Castillo ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley que prohíbe la difusión de noticias relacionadas con escándalos de corrupción mientras éstos se encuentren en proceso de investigación. A esos investigados, por más que estén prófugos, no los toca nadie. El segundo paso consistiría en desprestigiar sistemáticamente la labor de la prensa, como lo vienen haciendo este gobierno, a objeto de crear el clima propicio que justifique la promulgación de la referida ley. Nada es casualidad. Todo está fríamente calculado. Solo queda recordar que, sin libertad de expresión, las demás libertades no existirían. Cueste lo que cueste, tenemos que hacer valer este derecho.