Ya es tiempo de corregir grave error:
Lamentablemente el caso que nos ocupa hoy sucede con mucha frecuencia en diversas poblaciones rurales del país y Ancash no puede ser la excepción. La semana pasada dos agentes policiales de la Comisaría de Casma acudieron al caserío de Ruirín para cumplir la orden judicial de capturar a dos requisitoriados quienes, según información confidencial, se hallaban escondidos en ese lugar. Ruirín pertenece a la provincia de Huaylas pero, por hallarse en la vertiente occidental de la cordillera Negra, este caserío no tiene mayor conexión con su capital provincial la ciudad de Caraz, sino más bien con ciudades costeñas de la región Ancash, particularmente Casma.
De ahí que, tan pronto como los familiares de estas dos personas se enteraron del arribo de los policías, azuzaron a los miembros de la ronda campesina haciéndoles creer que los recién llegados eran delincuentes ya que, en efecto, venían vestidos de civil y portaban armas de fuego. Fieles a su enceguecido apetito de hacer justicia con sus propias manos y sin atender ninguna explicación de por medio, los ronderos sometieron a los agentes policiales a toda clase de torturas físicas y sicológicas, a tal punto que uno de ellos llegó a perder el conocimiento.
Fue gracias al envío de una dotación policial mejor equipada que se logró liberar a ambos agentes, no sin antes verse obligados a hacer uso de gases lacrimógenos debido a la resistencia de los pobladores. Por fortuna, todo pudo aclararse y la cosa no llegó a mayores.
Sin embargo, esta nueva demostración de ceguera y sordera por parte de las rondas campesinas, ha vuelto a poner en el tapete la necesidad de establecer con la mayor precisión cuáles son las atribuciones que respaldan la presencia y el accionar de estas organizaciones rurales. Por absurdo que parezca, en la mente del rondero todavía prevalece el criterio según el cual la justicia se impone a punta de amenazas, latigazos y humillaciones. Si eso funcionó en algún momento oscuro de nuestra historia, ahora ya es cosa del pasado; algo que más bien debe ser motivo de enmienda y reflexión en el mejor de los casos.
Lamentablemente estamos viendo que el gobierno del presidente Pedro Castillo está esmerado más bien en lo que puede considerarse una marcha atrás; es decir en repetir la historia. En más de una ocasión el mandatario y sus ministros no han tenido reparos en ensalzar públicamente el método del latigazo y la tortura como la mejor forma de imponer justicia.
Y no solamente eso. Delegaciones de ronderos de todo el país han llegado a Lima, con gastos pagados por el estado, para protagonizar un espectáculo realmente denigrante al afilar machetes en la pista y lanzar latigazos al aire, mostrando al Perú ante como un país que todavía vive en la época de las cavernas.
Como si esto no fuera suficiente, el actual primer ministro ha ensayado un desafortunado paralelo al afirmar ante las cámaras de televisión que las rondas campesinas realizan una mejor labor que la Policía Nacional. ¿No es acaso él quien encabeza y representa a todos los organismos e instituciones del estado?
De hecho, las rondas no tienen porque desaparecer. Justamente por ser una herencia ancestral, inspiran una mayor confianza en sus respectivas poblaciones. Pero eso bajo ningún concepto acredita a sus miembros para que hagan justicia con sus propias manos. Para eso está el estado de derecho.
En todo caso lo que el gobierno está en la obligación de hacer es capacitar a los ronderos para que se conviertan en los mejore aliados de las fuerzas del orden y de la sociedad. Solo así, dejando atrás la ley del latigazo, ellos y el país entero saldrían ganando.