Se prohíbe la tercerización y se fomenta la sindicalización extrema
Por: Víctor Andrés Ponce (*)
Al margen de los temas judiciales, el gran triunfo del Gobierno de Pedro Castillo hasta hoy ha sido la promulgación de los decretos laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). ¿Por qué? Porque las mencionadas normas laborales representan el primer cambio estructural del modelo económico en las últimas tres décadas.
Como todos sabemos, el gobierno de Pedro Castillo no ha podido implementar su proyecto de asamblea constituyente ni materializar la nacionalización de los recursos naturales. Sin embargo, mediante dos decretos del MTPE, en la práctica, ha avanzado en la colectivización de las relaciones de trabajo. Como todos sabemos, un decreto prohíbe la tercerización laboral en los núcleos centrales de una actividad económica, en tanto que otro promueve y liberaliza a extremos la sindicalización de empresas, de sectores económicos e, incluso, por grupos empresariales. Igualmente se liberaliza en extremo el derecho de huelga.
Los señalados decretos fueron promulgados por el MTPE sin consultar con el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), violando las leyes nacionales y los tratados internacionales. Por ejemplo, la OIT criticó el procedimiento unilateral de promulgación de los decretos. Es decir, criticó que no se consultara al sector empresarial. Ante el despropósito, todos los sectores del empresariado nacional se han retirado del Consejo Nacional de Trabajo. En otras palabras, en el Perú, el actual Ejecutivo ha comenzado la colectivización de las relaciones laborales porque en la máxima instancia de consulta laboral obviamente no están los empresarios.
¿Cuál es el siguiente paso del MTPE y del Gobierno de Pedro Castillo? ¿Acaso un decreto laboral estableciendo la obligatoria presencia de los sindicatos en los directorios de las empresas? ¿Por qué formulamos estas preguntas que pueden ser exageradas? Porque la estrategia laboral de las corrientes comunistas en el Perú no tiene una alternativa, una contrapropuesta. La mejor prueba de esta situación es que el Congreso no se atreve a derogar las mencionadas normas, no obstante que en el Legislativo existe una mayoría holgada que defiende la Constitución y las libertades.
El sector privado se ha quedado sin respaldo político ante la ofensiva anti inversión y ha comenzado una pelea administrativa ante Indecopi, entidad que acaba de fallar señalando la inaplicabilidad del decreto que establece la prohibición de la tercerización en los núcleos principales de la actividad empresarial.
Para entender la importancia del tema vale señalar que si se lentifica el crecimiento y la economía no genera suficiente empleo como para reducir la pobreza, entonces se favorecerá abiertamente la agitación antisistema en contra del modelo económico, la inversión privada y la actual Constitución. En otras palabras, se crearán las condiciones a favor de la constituyente.
Los decretos laborales entonces son una verdadera bomba nuclear contra el sector privado, sobre todo del sector moderno y formal que representa alrededor del 30% de la economía. El resto se desarrolla dentro de la informalidad. En otras palabras, los decretos laborales apuntan a arrinconar la inversión privada en los sectores de minería, agroexportación, servicios y construcción; sectores que generalmente se ubican entre los principales contribuyentes del país.
El modelo económico se basa en la desregulación y la inversión privada que representa el 80% de los ingresos fiscales, provee más del 80% del empleo y representa más del 80% del total invertido. Cuando la oposición se hace de la vista gorda y se niega a respaldar al sector privado, en realidad, se vuelve cómplice de la destrucción económica del Perú.
(*) Director de El Montonero
(www.elmontonero.pe)