Contraloría y nombramientos indebidos
El nombramiento de funcionarios que carecen del perfil para desempeñar un determinado cargo público, es algo que no tiene cuando parar. Tanto en las dependencias del gobierno regional de Ancash como en la mayoría de municipalidades provinciales y distritales de la región, se mantiene la mala costumbre de colocar en puestos claves y de alta responsabilidad a personas que no acreditan el nivel profesional ni poseen la experiencia necesaria.
Con el extravagante argumento de que los cargos de confianza son pasajeros y no necesitan de tanta formalidad ni exigencia, vemos que en estas dependencias públicas subsiste la exasperante letanía de nombrar funcionarios improvisados y oportunistas. En la mayoría de los casos, éstos solo pueden exhibir una calamitosa orfandad de capacidad y el único mérito del que hacen gala son lazos de amistad, recomendación e incondicionalidad que mantienen con los titulares de estas dependencias.
Como resultado de esta enraizada mala costumbre, la marcha de la administración pública local y regional no ha experimentado ningún cambio positivo en los últimos veinte años. Sigue siendo la misma: una comparsa que se mueve al compás del compadrazgo, del pago de favores políticos y de la prevalencia de ocultos intereses personales. Sin importar nada más que estos aspectos, vemos con estupor que el nombramiento de funcionarios de confianza no necesita de más explicación que la consabida frase del jefe “aquí el que mando soy yo”.
En el marco de este escenario que parece haberse generalizado, la efímera gestión del alcalde provisional de Nuevo Chimbote, Luis Rojas Rojas, no es una excepción. En un informe elaborado por la Contraloría General de la República se da cuenta que, para tan solo un mes de trabajo, la mencionada autoridad edil ha contratado los servicios de varios funcionarios de confianza y de alta responsabilidad, diez de los cuales no acreditan el nivel académico ni poseen la experiencia en gestión pública que se requiere para el normal desempeño de estos cargos.
Las normas relacionadas con la carrera pública y concretamente con la contratación de personal, tienen establecido un marco legal en el que figuran los requisitos mínimos que se necesitan para acceder a uno de estos privilegiados puestos de trabajo. Es más, cada gobierno regional y cada municipalidad del país, por muy cercana o apartada que se encuentre, cuenta con un Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de fiel cumplimiento, donde figuran estas exigencias. Por consiguiente, toda contratación de personal que se realice al margen de este dispositivo, está tipificada como delito de nombramiento indebido, siendo motivo de sanción no solo contra el servidor que aceptó el nombramiento sino también contra la autoridad que oficializó la designación.
Y no es para menos. Por causa de estos nombramientos, el gobierno regional y las municipalidades están como están, viviendo en medio de una catástrofe administrativa, con expedientes técnicos pésimamente elaborados, licitaciones otorgadas al caballazo y, por supuesto, con numerosas obras paralizadas y escándalos de corrupción.
De ahí que ha caído muy bien el informe de la Contraloría General de la República en el caso de Nuevo Chimbote, pero mucho mejor sería que también hiciera lo mismo con la infinidad de casos análogos que han ocurrido en nuestro medio y que hasta hoy no han merecido ni siquiera una llamada de atención. Entre estos casos está el nombramiento de varios gerentes de la Sub Región Pacífico; el de una funcionaria golondrina que fue contratada como gerente del gobierno regional y que terminó haciendo las veces de gobernadora; el de una obstetra que fue nombrada directora del hospital regional; y así por el estilo. Lo cierto es que hay mucho pan que rebanar y, pese a quien le pese, la Contraloría tiene que medir a todos con la misma vara.