¿Puede ser justo?:
El año 2004 los moradores de Lacramarca Baja aplaudieron con indescriptible alegría el inicio de la obra de electrificación emprendida en ese sector por el gobierno regional de Ancash con un presupuesto de 15 millones de soles. Los trabajos se iniciaron con la instalación de postes y redes de alta tensión, todo ello como paso previo al tendido de las redes secundarias y de las respectivas conexiones domiciliarias.
Según el contrato respectivo, la obra debió ejecutarse a más tardar en un plazo de 90 días, pero desde entonces ha transcurrido quince años y hasta hoy la obra de electrificación se encuentra paralizada. Ello debido a una serie de incoherencias que aparecieron entre el expediente técnico y el proceso de ejecución, sin que hasta este momento dichas incoherencias hayan podido ser superadas.
Por su parte, los moradores se han visto obligados a improvisar ellos mismos su propia conexión domiciliaria, con todo el peligro que eso representa para la integridad personal y de la comunidad en general. Lo que inicialmente fue motivo de una alegría general, ahora se ha convertido en una gran decepción además de un peligro latente. Y razón no les falta.
Pero ellos no son los únicos pobladores que sufren las consecuencias por la falta de capacidad de gestión del gobierno regional de Ancash. Los habitantes de la II Etapa de la urbanización Casuarinas de Nuevo Chimbote, también están soportando la misma angustia y preocupación.
Por cuarta vez consecutiva, la obra de pistas y veredas a cargo del gobierno regional de Ancash, con un presupuesto aprobado de 14 millones de soles, no puede ni siquiera ser puesta en licitación debido a varias observaciones detectadas por el Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado, OSCE. Como ha sucedido en el caso de Lacramarca, ahora ya no se puede autorizar el inicio de una obra mientras toda la documentación no esté debidamente en orden, con mayor razón si subsisten observaciones técnicas de por medio.
Unidos por la fatalidad, pero al mismo tiempo cansados de tantas evasivas y promesas incumplidas, el jueves por la mañana un numeroso grupo de pobladores de Lacramarca y de la urbanización Casuarinas convergieron frente a las oficinas de la Sub Región Pacífico. Lo hicieron no solo para protestar por tanta demora y falta de interés, sino también para exigir que se convoque un nuevo proceso de licitación antes de finalizar el presente año. Pues de no ser así, ambos proyectos corren el riesgo de venirse abajo y obligar el reinicio de toda la documentación a partir del próximo año.
En declaraciones a los medios de prensa, los pobladores manifestaron su profundo malestar por esta situación de la que, como bien lo han aclarado, ellos no responsables. Obvio, los llamados a levantar dichas observaciones y poner en orden toda la documentación, son los técnicos y funcionarios del gobierno regional. Fueron ellos quienes tuvieron a su cargo la elaboración y aprobación de los expedientes técnicos y de las bases de la licitación. Por esa razón, no pueden lavarse las manos y dejar otra bomba de tiempo para la nueva gestión.
Conforme lo han precisado en su marcha de protesta, los pobladores no tienen porque ser objeto de tanta humillación, lo que ellos están exigiendo es su derecho a una mejor calidad de vida. Por algo, el gobierno central ha destinado 30 millones de soles para la ejecución de ambas obras y la obligación del gobierno regional es atender ese derecho. Sin embargo, la falta de capacidad de gestión, con tantas obras inconclusas o mal ejecutadas, no la están pagando los técnicos y funcionarios del gobierno regional sino la población. ¿Puede ser justo eso?.