Por: Fernando Valdivia Correa (*)
La Constitución Política vigente refiere que el Perú es un estado laico (Artículo 50°); es decir, existen un sinnúmero de religiones, así como un sinfín de creyentes. Esto es amparado por la Ley N° 29635, Ley de Libertad Religiosa. No obstante, somos un país mayoritariamente católico, y confieso que me encuentro en ella, aunque no suelo ir a misa y sí rezar frecuentemente, sobre todo cuando hay que resolver algún problema, o de un importante asunto a tratar, y ahí pido “la gracia de Dios”. Como fuere, e independientemente de la religión profesada, lo importante es tener y mantener la FE a pesar de las circunstancias vividas; es decir, teniendo a PEDRO CASTILLO TERRONES al frente del Ejecutivo.
Teniendo en cuenta esto último, llamó la atención las declaraciones del Cardenal Pedro Ricardo Barreto Jimeno arremetiendo contra el aún Jefe de Estado. Textualmente dijo que “era un estorbo para la democracia y el bienestar para los peruanos”, exigiéndole dar un paso al costado. Sí, cuesta creerlo, pero fue así. Y resulta un tanto inverosímil sus palabras, pues en abril pasado, luego de una de sus varias visitas a Palacio de Gobierno, manifestó “…, el problema no es solamente el presidente Castillo, es también el Legislativo y también la sociedad civil, todos tenemos que estar unidos en un solo objetivo…”. Aquel mes anunció -cual vocero NO oficial del Gobierno- que el Presidente haría cambios en el gabinete, lo que le valió un procaz comentario del Premier Aníbal Torres tildándolo de ¡Miserable!. Dicho de otro modo, hasta hace poco el también Arzobispo de Huancayo mantuvo una sana y fructífera relación amical con el mandatario.
¿Qué fue entonces lo que ocurrió para que el máximo representante de nuestro Señor en el país cambie radicalmente de opinión sobre Castillo Terrones?. Difícil saberlo, por lo menos con exactitud.
Ensayando respuestas, podría ser las manoseadas declaraciones del Canciller César Landa al Secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, explicando que la ausencia del profesor Chotano en el Vaticano se debió por estar “fuera de tono por afirmar la paz y condenar a Rusia”. Totalmente falso. Y lo agravante es que el Estado peruano MINTIÓ al Estado del Vaticano.
Otra teoría puede ser el auspiciado arribo de una delegación de la Organización de Estados Americanos la semana que viene para entrevistarse con diversas autoridades políticas y de la sociedad civil. Sabiendo que muy probablemente sea llamado a conversar, Monseñor Barreto tomó sus precauciones: Ya no más con este desgobierno que literalmente se “cae a pedazos”. Tampoco estar al centro, pues las críticas vendrán de varios frentes. Así, tuvo que fijar una posición, y lo hizo de manera institucional: ¡FUERA CASTILLO, FUERA!.
Una última hipótesis tiene que ver con el rol de la Iglesia Católica en la actualidad. Está claro que, a propósito de la infausta e inacabable guerra Rusia-Ucrania, la voz papal no ha sido escuchada; ergo, ha sido marginada de cualquier posible acuerdo de paz o tregua entre ambas naciones. En el hemisferio la cosa tampoco va mejor. En Venezuela, a pesar de los desencuentros continuos (en enero pasado, la Conferencia Episcopal llanera criticó duramente al régimen manifestando que “coloca a un lado a los pobres en favor de reducidas élites y grupos que asumen un poder populista y autocrático”, https://www.caminosreligiosos.com/iglesia-venezolana-vuelve-apuntar-contra-maduro-denuncia-grave-crisis-democratica-n-1669118.html), Nicolás Maduro sigue comodante en el poder. Peor ocurre en Nicaragua donde los sacerdotes son perseguidos y despojados de sus bienes. Hace dos meses, el obispo Rolando Álvarez fue expulsado de su diócesis de Matagalpa por órdenes del régimen dictatorial de Daniel Ortega. En ambos casos, la reacción del Vaticano ha sido el “abogar por la paz”. Casi, casi, como diciéndoles a la población de estos países “sálvense quien pueda”.
En resumen, al moribundo régimen de Castillo Terrones, se suma la iracunda crítica del Cardenal Barreto exigiéndole la salida del poder, sea por la vacancia a cargo del Parlamento, o de su cada más exigente renuncia.
(*) Abogado