Editorial

EL GUSTO DE PAGAR LOS PLATOS ROTOS

Reconstrucción con Cambio:

Inmediatamente después de darse a  conocer las observaciones hechas el pasado mes de octubre  por la Contraloría General de la República, la Autoridad para la Reconstrucción Con  Cambio, ARCC, ha anunciado que se encargará de concluir la construcción del cerco perimétrico de la institución educativa “Antenor Sánchez”. Como dimos a conocer en nuestra edición del viernes último, esta obra fue recepcionada, oleada y sacramentada en abril del presente año como si hubiera sido concluida al cien por ciento; ello,  no obstante que falta construir un tramo de 250 metros.

El anuncio con relación al acabado del cerco es hasta cierto punto una noticia reconfortante. Para la administración pública, nada puede ser más saludable que aceptar un error y corregirlo. Entendemos que la misma satisfacción invade a los miembros de la comunidad educativa del referido plantel, quienes advirtieron acerca del riesgo que representa para su seguridad la presencia de un cerco inconcluso.    

Pero desde la perspectiva de la opinión pública, existe en torno a este asunto más de una enigma por aclarar. Para comenzar, la construcción del cerco perimétrico no es un fragmento aislado. Forma parte de la reconstrucción integral del plantel  y como tal así aparece en el respectivo expediente técnico. Eso  significa a su vez que el costo del cerco perimétrico forma parte del presupuesto general de la obra. Por tanto, si el cerco no se ha ejecutado al cien por ciento,  quiere decir que el dinero ha sido utilizado en otra cosa o ha sido transferido al rubro de saldo por ejecutar.

Ante dicha contingencia,  creemos que urge una necesaria aclaración. A nuestro modesto entender, quien estaría en la obligación de concluir el cerco perimétrico es la empresa contratista y no precisamente la ARCC;  salvo que las bases de la licitación y el contrasto correspondiente, establezcan lo contrario.

A propósito, ya existe un  antecedente que nos lleva a esta deducción lógica y es el caso del famoso canal San Bartolo de Santa. En enero del 2010, la obra de revestimiento del canal, de 11 kilómetros de longitud, fue adjudicada por el gobierno regional de Ancash a un consorcio formado por los hermanos Morillo Ulloa. El presupuesto  fue de 17 millones de soles y el plazo de ejecución 10 meses. Dos años y medio después, la obra fue recepcionada y puesta en servicio a pesar de no estar completamente concluida, pagándose por ella la escandalosa suma de 38 millones de soles, más del doble.

Desde hace 10 años este caso se encuentra  en investigación en la Fiscalía Anticorrupción del Santa, hallándose comprendidos en él  más de cuarenta implicados, entre ellos César Álvarez Aguilar, Juan Carlos Morillo Ulloa y el esposo de una fiscal superior.  Pero la gran sorpresa  de todo esto, sucedió en septiembre del 2019 cuando Juan Carlos Morillo Ulloa ya era gobernador regional. Entre gallos y medianoche, los 900 metros del canal que habían quedado sin revestir, aparecieron enlucidos como por encanto. Supuestamente, San Bartolo hizo el milagro.

Conforme lo denunció la Procuraduría Anticorrupción Richard Asmat, era evidente que la maniobra obedecía al deseo de borrar la prueba del delito y de paso propiciar la caída o la prescripción de la investigación.  Pero eso no es todo. Luego se sabría que quien hizo el milagro de la conclusión del canal fue nada más y nada menos que la ARCC. ¿Por orden de quién?. Eso es algo que las autoridades tendrán que dar a conocer en su momento.

De acuerdo con su ley de creación N° 30556, la ARCC está encargada de reparar daños ocasionados por el fenómeno El Niño del 2017, no de reparar daños causados por la corrupción. En otras palabras, mal haría este organismo en hacer las veces de buen samaritano  solo por el gusto de pagar los platos rotos.