Chinecas:
Lo que sucede con las tierras del proyecto especial Chinecas es un caso único. En ningún otro proyecto de irrigación sucede lo mismo. No sabemos en base a qué sustento legal, los funcionarios de este organismo regional han dado por aceptada la ocupación ilegal de sus tierras a favor de un sinnúmero de asociaciones supuestamente de campesinos sin tierra, licenciados de las fuerzas armadas y muchas personas más que se hacen pasar como tales.
Empecemos por dejar en claro que los agricultores agrupados en estas asociaciones, han accedido al uso de estas tierras por la fuerza y/o valiéndose de una serie de artimañas. Lo han hecho saltando olímpicamente con garrocha el requisito legal de la subasta pública, que es el único camino legal para ser dueños de estas tierras. Como quiera que no han pagado ni un sol por el terreno que usufructúan, tampoco pagan un sol por el agua que sustraen para irrigar sus cultivos.
Aún cuando los funcionarios de Chinecas conocen pero no reconocen esta coyuntura, se calcula entre 6 mil y 8 mil el número de hectáreas de propiedad del proyecto que se hallan en esta controvertida condición. No son tierra de nadie sino más bien tierra de todos.
Se sabe que, en su mayoría, los agricultores que integran dichas asociaciones exhiben como “constancia de posesión”, más no de propiedad, un documento de compra-venta de las tierras del proyecto, celebrado entre el interesado y la Comunidad de Indígenas de Chimbote y Coishco.
Como todo el mundo sabe, en forma por demás delirante esta institución reclama ser dueña no solo de las tierras de Chinecas ,sino también de todo Chimbote y Nuevo Chimbote, incluyendo sus urbanizaciones, asentamientos humanos, espacios públicos y hasta el Cerro de la Juventud. Pero también es hartamente conocido el hecho que sus dirigentes se valen de esa osadía para sorprender a más de un incauto. Es esa la razón por la que continuamente aparecen envueltos en sobados escándalos de tráfico de tierras.
Hasta donde se sabe, las comunidades indígenas son instituciones de origen ancestral, cuyas tierras son de propiedad comunitaria e inajenable. Cualquier operación de venta de su patrimonio debe hacerse necesariamente por acuerdo de asamblea, el mismo que debe constar en un acta firmada por todos los miembros de la comunidad e inscrita en registros públicos. Asimismo, se debe consignar el destino del dinero que se obtenga por dicha venta. Nada de esto sin embargo hacen los dirigentes de la Comunidad de Indígenas de Chimbote y Coishco; pues hasta donde se sabe jamás rinden cuentas a nadie del dinero que obtienen por las operaciones de venta.
Por consiguiente, la pregunta que se cae de madura es ¿por qué la SUNARP otorga personería jurídica a una asociación de agricultores que no son legítimos propietarios de las tierras de ocupan?. Asimismo ¿cómo puede validar esta operación si las tierras de Chinecas están inscritas a en la propia SUNARP a nombre de un organismos del Estado? ¿Puede tener validez la venta de una propiedad que se superpone a otra?
En medio de esta enrevesada realidad, no se explica asimismo porqué Chinecas no hace valer su derecho de legítimo propietario y transa con sus propios verdugos permitiéndoles que se mantengan en forma precariamente legal como posesionarios.
A ese paso y en vista que cualquiera puede hacer lo que le dé su regalada gana, no se puede decir que Chinecas es tierra de nadie, sino más bien tierra de todos.