Editorial

PELOTEO ANTICORRUPCIÓN

Para quienes creían que en los predios de Ancash la corrupción estaba en retirada, una serie que ha vuelto con renovadas energías  a ganar titulares de primera página, cuán equivocados estaban. La corrupción se mantiene vivita y coleando, sacándole la lengua a tirios y troyanos.  Debemos acudir a uno de los casos íconos y más emblemáticos, pero también deberían servir de experiencia. Uno de los casos más emblemáticos y aleccionadores no deja de acudir a nuestra memoria. Aún cuando no deja de ser lección. Porque  es una lección que hasta hoy no ha sido aprendida.

Fiel a su estilo, el 17 de diciembre del 2009 el entonces presidente del gobierno  regional de Ancash,  César Álvarez Aguilar, adjudicó la obra de remodelación y revestimiento del canal San Bartolo, de  11 kilómetros de longitud, a la empresa Consorcio San Bartolo cuyo gerente general era en ese preciso momento  el también ex gobernador  Juan Carlos Morillo Ulloa. Por ingrata coincidencia, ambos se encuentran cumpliendo carcelería.

A pesar  de no  poseer aún el código del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, que otorga el ministerio de Economía y Finanzas, la obra fue adjudicada por la gestión de César Álvarez con un presupuesto de S/17´776,118.00; otorgándose al  consorcio de Morillo Ulloa un adelanto del 50% a la hora de la firma del contrato. El plazo de ejecución fue de 8 meses, el mismo que  venció el 17 de agosto del 2010 sin que hasta esa fecha la obra diera señales de vida.

Contra todo lo que se puede imaginar, la obra fue recepcionada por el gobierno regional en mayo del 2012, dos años y medio después, pagándose por ella  la astronómica suma de S/36´683,730, más del doble, a pesar que aún faltaba ejecutar el revestimiento de 2 kilómetros del canal. La recepción pudo haberse alargado aún más de no haber sido por el airado reclamo de los agricultores de la zona que ya habían perdido dos campañas agrícolas por culpa de este retraso.

En los dos años y medio que tardó la “ejecución” de esta obra inconclusa, Álvarez Aguilar se dio maña para otorgar al consorcio de Morillo Ulloa un total de doce ampliaciones, tanto de plazo como de presupuesto.  La primera fue por un monto de S/2´246,405.00 y se realizó el  10 de enero del 2010, es decir antes de un mes de haberse otorgado el jugoso adelanto del 50 por ciento. La última, por la suma de S/ 2´499,325.00, fue otorgada el 25 de noviembre del 2010.

Recién el 15 de octubre del 2015, la Contraloría General de la República denunció el caso ante la Fiscalía Anticorrupción, implicando penalmente no solo  a César Álvarez Aguilar y  Juan Carlos Morillo Ulloa, sino también a más de cuarenta ex funcionarios del gobierno regional, entre los que aparece el esposo de una fiscal superior.

La cereza de la torta aparecería en setiembre del 2019, cuando Morillo Ulloa ya era gobernador regional de Ancash. Sin ningún anuncio oficial ni informe técnico de por medio, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios culminó los dos kilómetros del canal que quedaron sin enlucir, todo ello con el evidente propósito de borrar la huella del delito.

Desde el 2015 cuando se formuló la denuncia hasta  el día de hoy, ha transcurrido más de siete  años que el caso del canal San Bartolo se mantiene en uno de los altares de la corrupción. Salvo algunos comentarios periodísticos, ningún representante del Ministerio Público ha vuelto a ocuparse de él y todo indica que el caso, sino ha desaparecido, posiblemente está empolvándose  en las azoteas de la fiscalía.

Nos hemos visto en la obligación de traer  a la memoria este tema de ingrata recordación a raíz de las declaraciones brindadas al Diario de Chimbote por el jefe regional de la Contraloría General de la República, Emerson Rucoba Tananta, con relación a la denuncia por casos de corrupción que ha efectuado el  órgano de control contra 320 funcionarios que laboran en diversos organismos e instituciones públicas de la región.

Denuncias que, según él, deben ser evaluadas y derivadas al Ministerio Público por la Procuraduría Anticorrupción que despacha en este caso el abogado Richard Asmat. Ante este planteamiento, ¿no estaremos ante un peloteo en la lucha contra la corrupción?.