Obligados a cambiar los relatos sobre la riqueza y la pobreza
Por: Víctor Andrés Ponce (*)
Los defensores de la Constitución y el Estado de derecho tienen que entender que será imposible garantizar las libertades si no se enfrentan las narrativas colectivistas sobre la riqueza y la pobreza, que se expresan en la violenta acción de minorías radicales, que atraviesan al conjunto de la sociedad e, incluso, convierten a la legislación –sobre todo la laboral– en verdaderos campos de batalla. Es hora de enfrentar esta realidad que se levanta como una enorme cordillera.
La narrativa acerca de que los trabajadores crean la riqueza y que los empresarios son unos “vulgares explotadores y chupasangres” es una mentira de principio a fin, corresponde al mundo de la magia y brujería teórica que el marxismo pretende presentar como “socialismo científico”. Si los trabajadores crearán la riqueza de una sociedad, entonces solo bastaría que los estados crearan miles de empresas estatales y pusieran a trabajar con intensidad a todos los productores. Sin embargo, todos sabemos que eso no es verdad. Durante el siglo XX en los países de la ex Unión Soviética, en la experiencia velasquista en el Perú y más tarde en los regímenes chavistas, se desarrollaron impresionantes expropiaciones de la propiedad privada y se crearon infinidad de empresas estatales. Semejantes sociedades se convirtieron en fábricas de pobreza de más del 80% de la población, mientras la producción se oxidaba en los almacenes.
La única manera de crear riqueza es cuando un producto se vende en los mercados a través de un precio que crea riqueza, valor. Y los buenos precios solo se consiguen cuando hay oferta y demanda; y cuando el innovador, el empresario, interpreta qué productos exigen los consumidores y se pueden vender. Esa es la historia de la humanidad desde que se comenzó con el trueque de conchas marinas y maíz, se inventó el dinero y se crearon las máquinas a vapor, hasta Apple, Microsoft y Google.
La legislación laboral peruana está desarrollada bajo la sombra de esa hechicería marxista, que nos señala que los trabajadores crean la riqueza de una sociedad. Por esas razones dicha legislación solo busca proteger al trabajador en contra de las supuestas agresiones del empresario. La legislación laboral nacional está considerada entre las diez más sobrerreguladas del planeta –según todos los rankings mundiales– y una resolución del Tribunal Constitucional del 2001 establece que el trabajador despedido puede exigir la reposición en el puesto antes que la indemnización. En otras palabras, estabilidad laboral antes que flexibilidad para crear empleo de acuerdo a la productividad y las innovaciones.
Durante el gobierno de Castillo se promulgaron decretos laborales que prohíben la tercerización laboral, que fomentan la sindicalización artificial –en fábricas, sectores económicos y grupos empresariales– y liberalizan en extremo el derecho de huelga con el objeto de espantar a la inversión privada y quebrar empresas en funcionamiento. Decretos laborales que aumentan los costos y sobrerregulaciones de las unidades económicas, no obstante que el 85% del empleo se encuentra en situación de informalidad.
En las sociedades desarrolladas –a diferencia de los países de la ex Unión Soviética del pasado y del Perú actual– la legislación laboral se ha caracterizado por ser proempresarial, a favor del innovador, y el empresario. El resultado: sus trabajadores han logrado tal nivel de bienestar que se consideran las clases medias del planeta por excelencia. Y la gran paradoja es que los trabajadores de los países con legislaciones como las del Perú suelen migrar a cualquier costo a los países procapitalistas. Nadie se imagina migrando a Venezuela o Bolivia.
Es hora entonces de instalar en la agenda pública nacional uno de los grandes debates que ha caracterizado el avance de las sociedades occidentales. Un debate que responde a la pregunta sobre cómo se crea la riqueza de las naciones.
(*) Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)