Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
El Premier Alberto Otárola afirmó que no estaba al tanto si militares tenían autorización para usar armas de fuego durante protestas. Puede ser que sea cierto, pero esto demostraría su falta de ascendencia sobre los ministros y, aun así, tendría que haber asumido la responsabilidad política. No por el ejercicio legítimo de la fuerza ante actos de violencia contra las fuerzas del orden e instalaciones públicas, sino por su nivel de desinformación respecto a los hechos. En todo caso, políticamente las declaraciones del Premier lo muestran de cuerpo entero.
Deslindar de algo cuando no tendría razón de hacerlo es muestra de debilidad. Un comandante nunca abandona a su tropa, cosa contraria a lo que hacen algunos políticos. Es cuestión de dignidad y respeto. El uso de fuerza legítima es inherente al poder político.
Qué es mejor para el gobernante (príncipe), ser querido o ser temido por el pueblo, se preguntaba Maquiavelo. Si es temido el pueblo tendrá miedo de comportarse mal y si es amado fácilmente podrá ser traicionado, afirma Maquiavelo en su obra El Príncipe.
El gobernante debe ser amado por su pueblo (legitimidad moral), pero a la vez debe tener el valor de hacer uso legítimo de la fuerza cuando alguien rompe el orden afectando a la sociedad en su conjunto. Dina Boluarte y Alberto Otárola equivocadamente solo buscan ser amados por un pueblo que los descalifica.
Buscan la gracia del pueblo sin hacer uso legítimo de la fuerza por temor. Pero no por temor al pueblo, sino a un grupo de ONGs pro derechos humanos y sectores progresistas denominados “caviares”. Un grupo que por casi tres décadas ha copado el Estado a través de puestos claves y consultorías, operando políticamente, lucrando y gobernado tras bambalinas.
Durante todo este tiempo, con el poder mediático de un sector de la prensa, ONGs, pro derechos humanos y operadores del derecho enquistados en la administración de justicia, han hecho del chantaje y la extorsión política, su mejor arma para controlar el poder político.
Cierto es que se ha empezado a desparasitar el Estado de estos personajes mediáticos que han logrado trastocar nuestro sistema democrático y la historia del Perú; así como nuestro sistema de valores, llegando a corromper la mente de nuestros niños. Pero dichos esfuerzos son tibios y no avanzan con la debida celeridad. El gran error de los demócratas que antecedieron a Dina Boluarte fue precisamente no actuar con firmeza y celeridad frente a este sector político que maneja una agenda globalista.
El Estado tiene que aprender a defenderse de estas amenazas sin ningún temor. Dina Boluarte debe entender que mientras más tiempo permanezca con esa actitud pasiva, su legitimidad se irá deteriorando hasta que en un punto el deterioro será irreversible y tendrá que dejar el poder.
Y esto no significa salir a matar, sino hacer uso de la fuerza necesaria cuando la autoridad es agredida o se ve amenazada, si una turba, que hace unos meses asesinó y quemó a un policía, pretende acorralar a uno o varios miembros de las fuerzas del orden, se tendrá que hacer uso de la fuerza letal, como ocurre en cualquier parte del mundo civilizado, inclusive en países socialistas.
Para que ello ocurra se necesita autoridades con “A” mayúscula, que respalden a las fuerzas del orden y no pusilánimes que por temor a un titular están dispuestos a mandar al cadalso a un policía o militar que actúa en defensa de su integridad, la de sus compañeros y de la ciudadanía.
La ciudadanía no va a permitir que se repita la historia en la cual policías y militares que lucharon en defensa de todos los peruanos contra las sectas terroristas, terminen siendo procesados judicialmente por jueces y fiscales que se arrodillan ante el poder mediático.
Hoy el gobierno tiene el favor democrático de la mayor parte del país, pero del amor al odio hay un paso. No deben esperar que el odio se extienda a todo el país.